
Iniciado el periodo ordinario del Congreso de la Unión, se espera el avance de reformas pendientes, entre ellas la reducción de la jornada laboral.
La Ley Federal de Trabajo define la jornada laboral como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El artículo 123 de la Constitución establece que la jornada máxima diurna es de ocho horas y la nocturna de siete, lo que equivale a un tope de 48 horas semanales. Esa cifra coloca a México entre los países con jornadas más largas del mundo.
Un estudio de la OCDE en 2018, muestra que México y Costa Rica registraron las mayores horas trabajadas por semana, ambos por encima de las 40 horas, frente a una media de 33 horas de los países parte de la OCDE. En el extremo opuesto, Alemania y Dinamarca se ubicaron por debajo de las 27 horas semanales.
Pese a esas diferencias, la productividad por trabajador en México apenas supera los 35,000 dólares (PIB en paridad de poder adquisitivo), mientras que en Alemania supera los 90,000 dólares. Esto sugiere una relación consistente: los países de ingresos más bajos tienden a trabajar más horas y producir menos; los más desarrollados, menos horas y mayor producción.
Existe una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley Federal del Trabajo para establecer la jornada de 40 horas sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones. Si se aprobara tal como está planteada, la aplicación sería gradual: ajustes en 2026 y reducciones escalonadas hasta alcanzar las 40 horas en 2030 (48 en 2026; 46 en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029; 40 en 2030).
La reforma es, sin duda, una deuda social que conlleva beneficios claros: bienestar y salud con un mejor equilibrio de vida y trabajo; menos estrés y mejor salud mental; potencial reducción del ausentismo y de la rotación; y espacio para actividades recreativas o personales.
No obstante, si bien existió diálogo entre el gobierno y el sector empresarial, logrando establecer esquemas de gradualidad y estímulos fiscales para las empresas responsables, esta reforma podría generar una desigualdad entre sectores, ya que las más afectadas serían las MiPyMEs. Para una gran empresa, sustituir o actualizar tecnología y procesos resulta considerablemente más viable que para una MiPyME, cuyos márgenes son reducidos y su capacidad de inversión limitada.
En consecuencia, el mayor desafío recae en las MiPyMEs. El Gobierno federal deberá priorizar apoyos específicos dirigidos a este sector, tales como incentivos temporales, financiamiento accesible y programas de modernización y capacitación. De lo contrario, existe el riesgo de un incremento en la informalidad, la pérdida de empleos y la inviabilidad económica de numerosas empresas.
Jahzziel Aguirre