El Poder Judicial: esa porquería (2 de 2 partes)

Una reflexión personal/Luis Villegas
luvimo6608@gmail.com, luvimo6614@hotmail.com

Insisto: no soy yo. Se trata del informe individual de la auditoría de cumplimiento financiero practicada al Tribunal Superior de Justicia emitido por la Auditoría Superior del Estado y entregado al Congreso mediante oficio no. DAS/266/2025.

El mismo contiene un cuadrito, chiquito, que entre otras cosas habla de la exigencia de promover procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria por lo menos en tres casos:

1.    Observación 2, por no enterar a la Secretaría de Hacienda $100,621,273.33 (cien millones seiscientos veintiún mil doscientos setentaitrés pesillos… ¡ah! y treintaitrés centavos) de recursos estatales indebidamente devengados en 2023, en contravención al artículo 21 del Presupuesto 2024;

2.    Observación 4, por pagar un monto mayor a la cantidad máxima de fotocopias estipuladas en el contrato plurianual número DRMS 58/2022, respecto al ejercicio 2024, celebrado con el proveedor Aplicativos de Gestión Documental, S.A. de C.V., por el servicio de fotocopiado, impresión y digitalización de documentos, por un importe de $582,538.40 (quinientos ochentaidós mil quinientos treintaiocho pesos con cuarenta centavos), y

3.    Observación 7, por autorizar pagos del contrato de limpieza (DRMSG 123/2023) sin verificar las altas ante el IMSS de trabajadores (27 casos detectados en enero, mayo y noviembre de 2024), siendo requisito contractual para autorizar el pago.
En resumen: el informe ya fue entregado, las cifras ya están sobre la mesa y las observaciones ya fueron determinadas; empero, lo verdaderamente relevante no está en los montos ni en las tablas contables, está en lo que viene después. ¿Cierto?

Porque —declaraciones idiotas de los machuchones del Poder Judicial (diría el clásico) y de selfies todavía más imbéciles— es lo que está sobrando hasta ahorita; lo que nadie ha salido a declarar es cómo van los respectivos procedimientos.

Porque, con toda humildad y respeto, me atrevo a recordarles que el señalado informe es una documental pública; es decir, un documento emitido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y, en principio, hace prueba plena (Franco Escamilla dice: “para los del CONALEP”, cuando expresa una idea que él piensa que el limitado intelecto de su audiencia no les va a permitir comprender), pues yo igual: lo que trato de decir es que, prima facie —para los recién electos machuchones del Poder Judicial—: la mitad de la responsabilidad, la anomalía, la falta, la violación a la ley YA ESTÁ PROBADA

¿Qué están esperando?

Porque el documento que nos ocupa no es un texto sobre recomendaciones administrativas: es un documento que ordena que se dé inicio a tres procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; y una promoción de responsabilidad no es un regaño ni un manazo del tipo “niño malo, niño malo” ni es tampoco una sugerencia técnica; es el punto de partida formal para que la autoridad responsable de inmediato investigue conductas específicas de servidores públicos y, en su caso, inicie un procedimiento sancionador.

Me quedo con el primer caso; no es un asunto menor: se trata de más de cien millones de pesos registrados como devengados en 2023 sin que existiera recepción de bienes o servicios; y para 2024, esos recursos debían enterarse a la Secretaría de Hacienda conforme al artículo 21 del Presupuesto de Egresos del Estado. No se enteraron.

Al respecto, la Auditoría no consideró suficiente la explicación institucional y determinó la observación. En consecuencia, ordena promover la responsabilidad administrativa contra quienes, en su gestión, omitieron cumplir esa obligación. Este no es un tecnicismo contable, es una decisión administrativa que implica disciplina presupuestaria y manejo de recursos públicos. La promoción obliga a investigar quién autorizó, quién validó y quién permitió (ejecutó) que no se realizara el entero correspondiente.

Harían bien en empezar ya; porque tienen bastantes pendientes, para empezar: a) Los millones gastados A LO BA BO SO (creo que eso sí lo pueden entender los recién electos machuchones del Poder Judicial) en despidos injustificados; b) El uso de vehículos públicos por magistradetes que deberían estar en su Sala trabajando y no paseándose de lo lindo (lo que NO se explica ni menos se justifica, dado que NO tienen responsabilidades administrativas de ningún tipo); y c) Los magistrados muertos de hambre que, ganando lo que ganan, andan pidiendo “apoyos para gasolina”. Viles, mezquinos, miserables.

Pero, bueno, ni modo, a esos mequetrefes eligió el pueblo de Chihuahua; algo así como la porquería de Presidente de la Corte que pone a sus subalternos a que le limpien los zapatos; además, y a esos mismos, Santiaguito de la Peña los necesita contentos para que lo apoyen.

Concluyo: el informe ya determinó irregularidades y ordenó promover responsabilidad administrativa, el silencio institucional es, lisa y llanamente, omisión punible. Güiarguaiting.

Contácteme a través de mi correo electrónico o sígame en los medios que gentilmente me publican, en Facebook o también en mi blog: https://unareflexionpersonal.wordpress.com/

Luis Villegas Montes.
luvimo6608@gmail.com, luvimo6614@hotmail.com

 

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De acuerdo con reportes citados por el periodista Raymundo Riva Palacio, la inteligencia estadounidense ya tiene en la mira a al menos cuatro líderes de cámaras empresariales del norte del país, identificados como “empresarios híbridos”, por combinar operaciones legales con actividades ilícitas.

Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.

“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.

El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.


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“La verdad es que en todas las encuestas que se han hecho a nivel estatal, obviamente Juárez incluido nos está yendo muy bien y no solamente en Juárez. Este sábado tuvimos un evento en Chihuahua capital y abarrotamos el centro de convenciones”, dijo en los medios nacionales.


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Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.

Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.


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Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.


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Resulta que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intento de reducir al presupuesto a los Congresos locales, terminaría por beneficiar en aumentos a otros, incluyendo el de Chihuahua.

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