
La salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no es un golpe de timón ni un acto de rectificación en la política educativa del Gobierno Federal. Lejos de significar el abandono del adoctrinamiento plasmado en los Libros de Texto Gratuitos, este hecho es la evidencia de algo más profundo: la fractura interna, la lucha de grupos y las acusaciones de corrupción dentro de Morena.
Durante días, las y los mexicanos observamos una escena insólita: un funcionario público destituido que decide atrincherarse en su oficina por casi cien horas, denunciar traiciones, acusar intereses económicos detrás de su despido y retar públicamente a sus superiores; del otro lado, una autoridad que niega cualquier irregularidad ofrece salidas como puestos diplomáticos en lugar de sanciones y finalmente ejecuta el relevo administrativo.
Se esperaría que, cuando un funcionario acusa de corrupción a quienes lo remueven, mientras que los trabajadores señalan presuntos abusos y malos manejos de su parte durante su gestión, las autoridades responsables iniciarían investigaciones profundas y tendríamos una rendición de cuentas, pero aquí no ocurrió nada de eso.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro durante su conferencia matutina que los libros de texto no serán replanteados de fondo. Apenas se habló de “enriquecerlos” con algunos contenidos adicionales. Es decir, no hay autocrítica ni voluntad de corregir un enfoque que ha sido ampliamente cuestionado por especialistas, padres de familia y comunidades educativas y será remplazada por una persona con experiencia insuficiente para el puesto.
Mientras tanto, el titular de la SEP, Mario Delgado, intenta reducir el conflicto a un simple relevo administrativo previamente acordado. Pero los hechos contradicen sus declaraciones: protestas virtuales, acusaciones cruzadas, el encierro en oficinas públicas y las denuncias de corrupción muestran que estamos ante la evidencia de un gobierno atrapado en sus propias contradicciones.
Las y los mexicanos merecen algo distinto: instituciones que funcionen, decisiones basadas en evidencia, transparencia en el manejo de recursos y una política educativa centrada en el aprendizaje, no en la ideología. La educación no puede ser rehén de conflictos partidistas ni laboratorio de proyectos políticos.
Lo que quedó al descubierto es lo que hemos señalado desde Acción Nacional año tras año: la contradicción de un movimiento que se proclama austero, cercano al pueblo y moralmente superior, mientras la realidad muestra disputas por poder, extorsiones, corrupción y nombramientos en posiciones estratégicas sin la capacidad, experiencia ni ética profesional que el país exige.
Isela Martínez Díaz
Coordinadora de la Fracción Edilicia del PAN
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada