
Una sociedad deja de ser libre cuando el Estado decide quién puede ejercer sus derechos y quién no. Cuando el acceso a la vida pública, a los servicios básicos y a la dignidad humana se condiciona a la obediencia. Cuando el ciudadano debe entregar su identidad más íntima para no ser excluido. Ese es el punto al que hoy pretende llevarnos el régimen de Morena.
El régimen de Morena pretende imponer un sistema de control basado en los datos biométricos, que abre la puerta a una auténtica tecnodictadura.
La pretensión es clara: concentrar en manos del poder político la información más íntima de millones de personas —huellas, iris, rasgos faciales, identidad digital— para construir un mecanismo de vigilancia permanente. Se trata de control total, de vigilancia permanente, de la creación de un ciudadano vigilado, rastreable y condicionado.
Más grave aún, la legislación contempla sanciones para dependencias gubernamentales, instituciones financieras y empresas privadas que no exijan la CURP biométrica. Es decir, el Estado no solo recopila datos: obliga a todo el sistema a convertirse en su brazo ejecutor. Bancos, hospitales, oficinas públicas y prestadores de servicios pasan a ser filtros políticos.
El resultado es evidente: quien no se someta, queda fuera. Fuera de los trámites,del sistema financiero, fuera del acceso a servicios, fuera, incluso, de la atención médica.
Se configura así un modelo en el que los derechos dejan de ser universales y se convierten en privilegios condicionados. Solo accede quien obedece. Solo participa quien entrega su identidad completa al poder. Solo existe plenamente quien se somete.
Eso tiene un nombre en cualquier manual de teoría política: muerte cívica.
Es la negación progresiva del estatus de ciudadano. Es convertir a las personas en sujetos administrados, dependientes de una base de datos central. Es borrar, en los hechos, la libertad individual bajo la lógica del control tecnológico.
Por esa razón, he emprendido una batalla frontal contra estas medidas. Desde el norte vamos a echar abajo esta pretensión de imponer una tecnodictadura, Presenté la iniciativa para que ninguna institución pueda pedirte datos biométricos, para echar abajo el registro de líneas celulares.
Un país en el que el ciudadano debe someterse para existir deja de ser una república y se convierte en un sistema de control. Un país donde el gobierno decide quién puede trabajar, estudiar, atenderse o ahorrar, deja de ser democrático.
No podemos permitir que el poder convierta la tecnología en un instrumento de sumisión. No podemos aceptar que nuestros derechos dependan de una validación biométrica. No podemos normalizar que el Estado nos trate como sospechosos permanentes.