¿Prohibir a los Marx?

Hay momentos en los que el debate público renuncia a cualquier aspiración de complejidad y opta, con notable comodidad, por la caricatura. El reciente episodio en torno al regreso de Marx Arriaga a su plaza de tiempo completo en la UACJ, mi alma máter, es un ejemplo elocuente. Desde la tribuna legislativa se anunció, con teatral vehemencia y verborrea, que se impediría que el “comunista” volviera a “pudrir mentes”. También desde Palacio de Gobierno alertaron que la universidad no debía convertirse en refugio político. Vaya absurdo. Como si reincorporarse a una plaza obtenida conforme a la normatividad interna equivaliera a instalar un comité revolucionario armado en el aula.

Resulta especialmente paradójico que desde Palacio se invoque la “defensa de la educación” para justificar la exclusión anticipada de un profesor por sus ideas. Porque si algo define a la universidad es su vocación para tolerar, y someter a examen crítico, aquello que incomoda. La autonomía universitaria y la libertad de cátedra no son adornos retóricos ni concesiones ornamentales; son condiciones estructurales del quehacer académico.

Y aquí aparece otra ironía mayor: precisamente lo que la Nueva Escuela Mexicana propone es formar mentes críticas, no creyentes automáticos; promover la discusión informada sobre género, educación sexual, desigualdad, derechos humanos y pluralismo; abrir espacios para que el alumnado confronte posturas distintas y construya criterios propios.

Ahora bien, la reacción mediática tampoco ha estado a la altura. En una columna se decidió fiscalizar y señalar que el profesor tiene una casa con ¡cochera para dos vehículos! El tono sugería que la posesión de una vivienda con doble cochera constituye prueba irrefutable de contradicción ideológica. El desliz es revelador. La insinuación es casi caricaturesca: criticar al capitalismo sería incompatible con tener empleo estable o automóvil propio. Bajo esa lógica, el único crítico legítimo del sistema sería quien habita en la intemperie.

Se puede discrepar con Arriaga. Se puede, con argumentos, sostener que sus planteamientos son errados o problemáticos. Eso forma parte del ejercicio académico y democrático. Lo que no forma parte de una tradición deliberativa es reemplazar el argumento por el veto, la crítica por la consigna, la discusión por la amenaza. Finalmente, las expresiones de Palacio de Gobierno revelan una concepción preocupante del estudiantado: jóvenes concebidos como recipientes inertes, incapaces de cuestionar; aulas imaginadas como espacios de inoculación ideológica y no de confrontación racional.

La universidad no es un establo doctrinal donde se clasifican credenciales ideológicas antes de permitir la entrada. Quizá el verdadero temor de algunas y algunos no sean las múltiples corrientes de pensamiento que conviven en una sociedad plural, sino la complejidad que exige discutirlas con seriedad. Cuando la respuesta frente a una idea es prohibirla, el problema rara vez es la idea: es la fragilidad de quien no está dispuesto a debatirla.