
Por Lucía Elía Salmón Reyes
lucysalmn@yahoo.com
Licenciada en Psicología-Universidad de Estudios Avanzados (UNEA)
El 8 de marzo se vuelve en México, un espejo donde convergen memoria, rabia y esperanza, desde la distancia, se observa a las mujeres como sujeto colectivo que, a lo largo de generaciones, ha tallado su presencia en la vida pública y privada mediante prácticas de resistencia que, no siempre aparecen en los libros de historia: redes vecinales, oficios transmitidos en voz baja, denuncias que germinan en la confidencia y luego estallan en la plaza pública. Ese tránsito del silencio al reclamo, no es solamente político, es psicológico. La insistencia de celebrar un día entero, responde a una necesidad de poner en común heridas históricas, y convertir el duelo en acción, para que la dignidad sustituya la costumbre de la humillación.
Desde un análisis crítico-psicológico, la lucha por el voto, la educación y la participación política, se lee como la búsqueda de reconocimiento y agencia, así, cuando se concede a una persona el derecho a decidir, también se le reconoce como sujeto moral, capaz de proyectar intenciones y responsabilizarse por ellas, de esta manera, en la experiencia de las mexicanas, ganar el acceso a las urnas o a cargos públicos, fue conquistar, simultáneamente, una narrativa sobre su propia valía. Esa conquista no borró el condicionamiento social que, durante siglos, les asignó papeles secundarios, lo que, hizo fue abrir un espacio donde la identidad femenina pudo reescribirse de forma colectiva. Psicológicamente, esa escritura colectiva es terapéutica, transforma la vergüenza impuesta, en orgullo compartido, y reduce la disonancia entre capacidad real y reconocimiento social.
La demanda por educación igualitaria, es otra arteria vital de esta historia; la escolarización, no es un bien instrumental únicamente, es la afirmación de que las mujeres merecen pensamiento propio, curiosidad y posibilidad. Cuando una niña accede a la primaria, cuando una joven llega a la universidad, se produce un efecto cascada, sobre expectativas, patrones de socialización y ejercicio de la autonomía. Clínicamente, la educación actúa como vacuna contra la internalización de roles limitantes, abre las vías para una autoestima basada en competencia y no en provecho ajeno. En el México que se cuenta en plazas, aulas y pasillos, la reivindicación educativa, ha sido un acto de emergencia psicológica, el salvaguardar la posibilidad de un proyecto de vida no predeterminado.
Los derechos reproductivos, por su parte, tocan las órbitas más íntimas de la mujer, el cuerpo, la sexualidad y la maternidad; desde una perspectiva crítica, exigir acceso a servicios de salud sexual, planificación familiar, es reclamar soberanía corporal frente a discursos que han patologizado y controlado a las mujeres. En lo psicológico, la negación de esos derechos, genera fenómenos de despersonalización y trauma; cuerpos que se sienten territorio de otros, decisiones vitales coartadas, ansiedad crónica, por ello, la conquista de estos derechos implica, reconstruir la confianza y disminuir el trauma que atraviesan generaciones cuando el cuerpo femenino se transforma en objeto de imposición.
La libertad de vestimenta, derecho aparentemente menor para algunos, es en realidad una línea de defensa simbólica contra la regulación patriarcal del deseo y la moralidad. Permitir que una mujer elija cómo vestirse sin ser juzgada ni criminalizada, es permitir que ella ejerza control sobre su imagen y su relación con el mundo. Desde la psicología social, las normas sobre el cuerpo, funcionan como mecanismos de control que refuerzan jerarquías; su modificación, desplaza las fronteras del miedo, y reconfigura los mapas del prestigio y la vulnerabilidad.
La lucha contra la violencia de género, ocupa el centro inevitable de cualquier crónica sobre el 8 de marzo. La violencia no es sólo un conjunto de episodios aislados, es una estructura que atraviesa instituciones, familias y prácticas cotidianas; la búsqueda de protección legal y social frente a abusos físicos, psicológicos y económicos es, en términos clínicos, un intento de restituir seguridad, permitir que la vida cotidiana no sea una amenaza latente, así, las consecuencias psicológicas de la violencia, desde la depresión, hasta el trastorno por estrés postraumático, requieren respuestas que vayan más allá de la sanción penal, donde existan redes de contención, acompañamiento terapéutico y transformaciones culturales que deslegitimen el uso del control y la fuerza.
El derecho a la propiedad y la capacidad de heredar bienes son, además de cuestiones legales, nodos que intervienen en su autonomía económica; poseer activos permite tomar decisiones con margen, y reduce la dependencia que perpetúa situaciones de abuso y sumisión; psicológicamente, la seguridad económica se traduce en la posibilidad de imaginar alternativas vitales, cambiar de trabajo, salir de una relación violenta, invertir en la educación propia y de los hijos, por eso, la igualdad en la propiedad, no es un capricho técnico, es un factor central en la reconstrucción de subjetividades más libres. Por otro lado, la participación política, y el acceso a roles de liderazgo son, en su dimensión psicológica, juegos de espejo, cuando las mujeres ocupan puestos visibles, alteran las expectativas colectivas sobre quién puede dirigir, legislar o decidir. En el terreno de la identidad social, esas presencias, generan modelos y reducen la invisibilidad que sanciona la pasividad, por ello, la política, entonces, se convierte en una escuela de reconocimiento recíproco y en ese reflejo, se produce la legitimación de futuras voces.
Los derechos de las mujeres trabajadoras, salarios equitativos, licencias de maternidad, protección contra el acoso, cruzan la vida diaria en formas concretas. La precariedad salarial y la violencia en el trabajo, afectan la salud mental, la autoestima y la capacidad de proyectar; la exigencia de condiciones laborales dignas, es una demanda por coherencia que, la contribución pública y privada se reconozca y se remunere. En una clave psicológica, el trabajo es también espacio de socialización, por tanto, su transformación implica una incidencia directa en la construcción de identidades no subordinadas; el acceso a la atención sanitaria, especialmente en salud materna y reproductiva, es una demanda que habla de la valoración de la vida de las mujeres como entes sujetos de cuidados, no objetos de supervisión. La negligencia en salud, reproduce la sensación de desamparo institucional; su corrección, en cambio, restaura la confianza en el Estado como garante de la integridad física y mental, así, el derecho a la salud es, entonces, condición para la tranquilidad psicológica que permite planificar, cuidarse y recuperarse.
Finalmente, el acceso a la justicia, a los procedimientos efectivos y sensibles, constituye la puerta de salida que convierte la denuncia en reparación, en este sentido, cuando la ley se muestra insensible o inaccesible, la experiencia psicológica es de doble victimización, la agresión inicial, y la invalidación por un sistema que no escucha, en este sentido, la reforma a estos mecanismos, es indispensable para que el trauma no se perpetúe en la impunidad, ni se naturalice en la memoria colectiva.
Esta participación, mira a las mexicanas en su día, reproduce una tensión, por un lado, la persistencia de normas y prácticas que siguen vulnerando; por otro, la fuerza transformadora de la denuncia y la organización y psicológicamente, ese pulsar entre violencia y resistencia, configura un tipo de memoria social que no olvida por acumulación, sino que aprende a convertir el dolor en estrategia política, por ello, las manifestaciones del 8 de marzo, las marchas y las pintas no son teatro emocional desnudo, son ejercicios de catarsis colectiva y, simultáneamente, de pedagogía pública, enseñan a las nuevas generaciones que, la dignidad no es una dádiva, sino una conquista que exige herramientas legales, económicas, educativas, y también el trabajo íntimo de rehacer la confianza.
La tarea es doble, sostener reformas institucionales que garanticen voto, educación, salud, trabajo y justicia, y, al mismo tiempo, operar en los imaginarios para que la dignidad deje de ser excepción y se vuelva norma, en ese cruce, entre estructura y psiquis, entre ley y cultura, reside la urgencia del 8 de marzo en México, no sólo recordar, sino transformar para que la palabra “maltrato” sea eventualmente descatalogada del léxico cotidiano y “respeto” sea su reemplazo efectivo.