8M responsabilidad compartida: estado, empresas y sociedad

Recuerdo la primera marcha en nuestra ciudad hace apenas un par de años: desde entonces cientos de niñas y mujeres adultas han vuelto a salir a la calle por las que ya no están, por quienes no tienen voz y por quienes seguimos. Esa presencia colectiva no es una sola manifestación es una exigencia social que reclama respuestas concretas.

Sería injusto negar los logros alcanzados por las mujeres. Basta mirar atrás: en el siglo XIX, la educación formal para mujeres era un privilegio reservado casi exclusivamente a las clases acomodadas; la alternativa era, la clausura en conventos. Matilde Montoya, en 1887, se convirtió en la primera médica mexicana; aquel logro estuvo acompañado de insultos y prejuicios “no tener pudor” por practicar disecciones, decían. Durante la Revolución, el protagonismo de las soldaderas, las líderes, las periodistas, las enfermeras y las espías fue sistemáticamente invisibilizado.

Hoy hay avances que no podemos soslayar: tras más de dos siglos de independencia, México tuvo su primera presidenta; por primera vez una mujer gobierna Chihuahua; hay paridad de personas juzgadoras en el Poder Judicial; el congreso local tiene una legislatura paritaria. En materia de cargos públicos de elección, el avance es notable.

No obstante, el ámbito privado no va al mismo ritmo. Las mujeres sostienen economías, tanto en empresas como en el campo, emprendiendo o en labores domésticas no remuneradas, pero siguen siendo las más afectadas por la pobreza, la discriminación y la explotación. La participación económica femenina en México es una de las más bajas de América Latina: apenas 45% frente al 77% de los hombres, según INEGI. La brecha salarial ronda el 18% y, conforme al Foro Económico Mundial, solo 7.5% de los puestos en consejos directivos son ocupados por mujeres; apenas 14.6% de las empresas cuentan con una mujer en la máxima dirección.

Frente a estos datos, la pregunta es ineludible: ¿hasta dónde puede y debe intervenir el Estado para que las empresas garanticen igualdad de salario, acceso a puestos directivos y ausencia de discriminación? La respuesta exige políticas públicas claras: incentivos, sanciones, transparencia salarial obligatoria, y programas de capacitación y cuidado que permitan conciliar tareas productivas y reproductivas.

El 8M debe ser un espacio de reflexión y reconocimiento de logros, pero sobre todo una plataforma para visibilizar la desigualdad, la impunidad, la discriminación y la violencia que aún padecen miles de mujeres. Hagamos lo que nos corresponda desde el espacio que ocupamos.