Senado y Poder Judicial se deslindan de informar sobre dimisiones de juzgadores federales

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A seis meses de la primera elección judicial en el país, el Poder Judicial de la Federación (PJF) mantiene en opacidad el número de juzgadores electos por voto popular que han renunciado a sus cargos pese a que desde el año pasado se registraron las primeras dimisiones.

A través de diversas solicitudes vía transparencia, Proceso verificó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no está dispuesto a dar a conocer cuántos juzgadores electos el pasado 1 de junio decidieron renunciar a sus cargos.

En las solicitudes se requirió el número de juzgadores electos el pasado 1 de junio de 2025 que renunciaron a sus cargos; qué cargos ostentaban, en qué circuito se encontraban adscritos, qué razones manifestaron para renunciar y cuántas renuncias ya han sido aprobadas.

Las peticiones fueron dirigidas al Órgano de Administración Judicial (OAJ) del PJF y al Senado de la República, que es el encargado de aceptar las renuncias de juzgadores federales conforme a la reforma judicial de 2024.

En su respuesta, el Senado afirmó que “no es facultad, competencia ni función de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios” conocer de esta información “hasta en tanto sean mayores a un mes y aprobadas por el órgano respectivo”.

Según la respuesta del órgano legislativo, la autoridad competente para conocer el dato es el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, la misma Cámara Alta citó el artículo 76, fracción VIII constitucional, que indica que es facultad exclusiva del Senado otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia de los integrantes del PJF.

Incluso en noviembre de 2025, a sólo dos meses de asumir el cargo, se dio cuenta de la primera renuncia de un juez federal electo por voto popular en el país.

Se trató de Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande.

Dicha renuncia, según documentos del Senado, fue recibida el 4 de noviembre de 2025 en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.

De acuerdo con declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, la renuncia de Aguirre Hernández fue informada al Senado por el OAJ y que, conforme a lo establecido en la Constitución, los senadores tienen la obligación de informar al INE para que éste indique quién obtuvo el segundo lugar en la votación popular para que esta persona sustituya al juez que renunció.

El OAJ, que además de recibir las renuncias de los juzgadores debe remitirlas al Senado de la República para el trámite contemplado en la Constitución, respondió a Proceso que no cuenta con la información desglosada de la manera en que fue requerida y no la consideró un ejercicio del derecho de acceso a la información.

“La pretensión del particular radica en la generación de un documento específico, situación que no cumple con los requisitos legales para ser considerada una solicitud en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues no existe la obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información”, indicó en su respuesta.

Tampoco remitió ni siquiera en estadística simple el número de renuncias de juzgadores que iniciaron funciones el pasado 1 de septiembre de 2025 a pesar de que, conforme a lo que ocurrió con la renuncia de Aguirre Hernández sí existen registros de que el OAJ recibe las renuncias.

Retraso de información

Hasta el pasado 24 de febrero en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) no existía un área encargada de recursos humanos porque fue eliminada en la reforma judicial.

De acuerdo con la respuesta remitida por el organismo encabezado por Rafael Guerra Álvarez, en el decreto de reforma judicial publicado el 23 de diciembre de 2024 en la Gaceta de la CDMX se estableció la extinción del Consejo de la Judicatura y en la reforma a la Ley Orgánica del PJCDMX del 31 de agosto de 2025 fue eliminado todo el capítulo que regulaba la Oficialía Mayor, que dependía del Consejo, y sus áreas, entre las que se encontraba la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos.

En el artículo Décimo Sexto transitorio de esta última reforma, el Congreso de la CDMX estableció un plazo de 180 días naturales para que el Tribunal Superior de Justicia, a través de su OAJ y el Tribunal de Disciplina Judicial capitalino, que fueron quienes sustituyeron al Consejo de la Judicatura, realicen los ajustes a las estructuras orgánicas y manuales administrativos.

“Hasta en tanto se realicen los ajustes correspondientes a las estructuras orgánicas y manuales administrativos, tanto del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial, así como del Tribunal de Disciplina Judicial, todos del Poder Judicial de la Ciudad de México, existe una imposibilidad material y jurídica para realizar las gestiones al interior, en el caso que nos ocupa, ante la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y con ello, estar en condiciones de otorgar la debida atención a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa”, indicó el PJCDMX en el oficio TSJCDMX/13C/3 de fecha 12 de febrero 2026.

Al momento de la respuesta del PJCDMX habían transcurrido 165 días del plazo establecido por el Legislativo para la reorganización de la institución y fue hasta el 24 de febrero pasado, en el día 177, que el OAJ publicó su nuevo Reglamento Interior.

En dicho Reglamento, consultado por Proceso, se estableció que la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos quedó adscrita a la Secretaría Ejecutiva de Administración, dependiente del OAJ.

Por lo que durante cinco meses el PJCDMX no tuvo área de Recursos Humanos encargada de procesar los datos requeridos por esta casa editorial.

El pasado 5 de febrero, Yolanda Carolina Salcedo Pérez, ganadora del puesto de juez en Adopción Nacional e Internacional en la CDMX, presentó su carta de renuncia ante el Congreso capitalino.

Con información de Proceso.