Activista veracruzano obtiene medidas cautelares tras derrame

El 26 de marzo, Juan Calos Atzín Calderón viajó de Veracruz a la Ciudad de México para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) información relacionada con denuncias que hubiera presentado alguna institución, persona física o moral, contra los posibles responsables del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Horas antes de su llegada a la FGR, en la oficina central de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Grupo Interinstitucional que da seguimiento al caso —conformado por Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); la Secretaría de Marina (Semar) y la Semarnat— daba a conocer el origen de la contaminación por hidrocarburos en Veracruz y Tabasco: un buque y dos chapopoteras naturales.

Pero eso no dejó tranquilo al activista veracruzano —presidente de las asociaciones civiles “Somos la Semilla del Cambio” y “En el Corazón Está el Cambio”— quien previamente había hecho una solicitud por escrito a la Secretaría de Marina para activar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas (PNC) y había reclamado la falta de acciones concretas para atender la emergencia. 

“Hay que sumar esfuerzos para solucionar este problema que hemos catalogado de ecocidio en el estado de Veracruz”, dijo en entrevista con Animal Político, el defensor radicado en Catemaco, con 20 años de experiencia en la defensa socioambiental.

Cinco días después de su paso por la FGR, y al ver que los procesos seguían sin avanzar, Juan Carlos recurrió a nuevos recursos. El 31 de marzo presentó tres demandas de amparo: una en la Ciudad de México; otra en Coatzacoalcos y una más en Boca del Río, Veracruz.

Pemex continuó negando su responsabilidad

A la par del segundo informe que dio el Grupo Interinstitucional el pasado 16 de abril, sobre las responsabilidades detrás del derrame de hidrocarburos en el Golfo, Pemex informó que destituyó a tres funcionarios con los cargos de subdirector de Seguridad; Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino, y por último, el encargado de Derrames y Residuos.

En contraste, a Atzín Calderón, Pemex le respondió —de acuerdo a sus propias palabras— que “no son responsables de nada”. El activista se refiere a lo que Petróleos Mexicanos le informó dentro del proceso de la demanda de amparo que presentó. “Ellos están ayudando a contener el problema, pero no son los causantes; eso es lo que nos contestan dentro del informe que nos hacen llegar”, señala.

En la suspensión provisional que le concedió el juez se ordena que las autoridades señaladas en la demanda “continúen con las acciones emprendidas para atender y remediar el derrame mencionado bajo su estricta dirección técnica e informen periódicamente a este órgano jurisdiccional de las tareas que estén realizando y de los avances que se estén siguiendo a fin de superar la problemática”. 

Las autoridades que Juan Carlos Atzín y el representante legal Carlos Escobedo Suárez, mencionan en el amparo son Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional Áreas Naturales Protegidas (Conanp). 

Cronología de los amparos

Juan Carlos Atzin Calderón narra cronológicamente cómo ha sido el litigio que emprendió en defensa del Golfo de México, por el derrame que se mantiene ya por tres meses en las costas veracruzanas.

Recordó que fue a partir del 2 de marzo que las comunidades empezaron a notar la presencia de hidrocarburo en las costas del municipio de Pajapan y después en Coatzacoalcos. La mancha comenzó a extenderse a Catemaco, hasta llegar a los estados de Campeche, Tabasco y Tamaulipas.

“Aunque estamos en Catemaco, tenemos una red de compañeras y compañeros en todo el estado de Veracruz a través de nuestras organizaciones. Entonces, compañeras, compañeros empezaron a reportar esta situación que parecía una situación que tendría una fácil atención, solución y sin generar mayor impacto al sector, al medio ambiente y demás”, señaló.

Los días pasaron, la mancha de hidrocarburos seguía extendiéndose y las comunidades no tenían mayor información por parte de las autoridades. Para el 6 de marzo, la cobertura de petróleo alcanzaba la costa veracruzana. 

Ante la emergencia, Juan Carlos y las comunidades solicitaron en un escrito dirigido a la Secretaría de Marina, la activación del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas.

“Ellos nos responden el 19 de marzo que ya habían activado el plan, que ya se había instalado el comité local de atención a emergencias, que ya se tenía una acción para la recolección del hidrocarburo y que ya estaba avanzando en las tareas”, relató Juan Carlos. 

Al activarse el plan de la Semar, comenzaron las acciones de limpieza. El anuncio se hizo público en el puerto de Veracruz, a unos días del inicio del periodo vacacional de Semana Santa. 

Las comunidades pidieron, además, que se fincaran responsabilidades a quienes resultaran responsables por el derrame, pero para el 24 de marzo aún no recibían respuesta a esa demanda. Por ese motivo, dos días después Juan Carlos Atzín viajó a la Ciudad de México y acudió directamente a la Fiscalía General de la República.

El 31 de marzo presentó tres demandas de amparo y, hasta ahora, les han otorgado suspensión provisional en dos de ellas, —las interpuestas en Ciudad de México y Coatzacoalcos—, además de la suspensión definitiva que obtuvieron en la Ciudad de México; en esta última, el acto reclamado principal fue la omisión por parte de las autoridades señaladas en la demanda: Asea, Semarnat, Profepa, Pemex, Conanp y Semar.

“Esperaba más, ante la emergencia”: Atzín

“Esperaba más de una respuesta inmediata ante la emergencia”, afirma Juan Carlos Atzín. “Considero que hizo falta mucho más. Aún cuando Petróleos Mexicanos ha reconocido el problema, nos queda mucho a deber. No es suficiente renunciar a tres personas a sus encargos”, indicó.

Por otra parte, el activista celebró las acciones ciudadanas que llevaron a la suspensión definitiva que va a permitir el seguimiento del caso. Dentro de este proceso legal, lo siguiente es esperar para conocer los informes que las autoridades señaladas deberán entregar, en un término de 15 días. 

“Hay mucho por hacer. [Pero] esta suspensión definitiva que nos dan, desde la denuncia que hicimos en la Ciudad de México, nos da un avance”, sentenció.

Con información de Animal Político.