El caso Wallace “atascado” en los engranajes del sistema judicial: Ricardo Raphael

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Ya pasaron dos décadas desde que Isabel Miranda de Wallace orquestó una maquinación judicial en torno al turbio –y hasta la fecha no probado-- asesinato de su hijo, Hugo Alberto Miranda, y a pesar de que el caso penal se ha ido despedazando con el tiempo, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la “prueba madre” del expediente el año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) sigue “necia” con el ánimo de buscar la condena de Jacobo Tagle y Brenda Quevedo Cruz, quienes llevan 17 y 18 años privados de la libertad sin sentencia, mientras que César Freyre y los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz siguen en la cárcel. 

“Aquí pueden pasar 18 años sin sentencia en primera instancia, y a nadie le importa”, denunció el periodista Ricardo Raphael, autor del libro Fabricación (Seix Barral, 2025) sobre el caso Wallace, quien organizó una conferencia de prensa ayer para dar a conocer una actualización sobre la situación que enfrentan las víctimas de Isabel Miranda de Wallace. “El juez ni siquiera se ha atrevido a cerrar la instrucción, 19 años después”, abundó. 

El caso Wallace está “atascado” en los engranajes del sistema judicial, a pesar de que en junio de 2025 la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia absolutoria a Juana Hilda González Lomelí, una de las coacusadas por Isabel Miranda de Wallace, la cual determinó que la supuesta confesión de la mujer, la “prueba madre” en toda la maquinación judicial, había sido sacada bajo tortura. 

“Son inocentes y punto. Hay toneladas de pruebas, evidencias y testimonios que lo muestran. Por esto estamos aquí. ¿Cómo dormir tranquilas y tranquilos sabiendo que son inocentes mientras tanto se están pudriendo en la cárcel o en esta prisión domiciliaria?”, insistió Raphael. 

“Mantener una mentira a costa de todo, porque tiene un costo político más que moral y legal, nos pone en un estado completamente de ineficiencia jurídica, y esto nos afecta a todos los ciudadanos”, deploró la abogada Ambar Treviño, quien insistió en que “en el momento en que nos convirtamos en culpables convenientes para el Estado nos van a fabricar las pruebas”. 

La periodista Anne Vigna, corresponsal en México para el diario francés Le Monde, quien ha cubierto el caso Wallace desde hace años, recalcó que la FGR le notificó recientemente que Brenda Quevedo y Jacobo Freyre siguen en “etapa de instrucción”, y que abrió una investigación contra Isabel Miranda de Wallace por falso testimonio, “pero que dado que falleció la investigación está abandonada”. 

Vigna agregó que los agentes de la FGR responsables de tortura en el caso Wallace fueron los mismos que los que participaron en el montaje judicial y mediático del caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, en los tiempos en que el aparato de seguridad civil de México se encontraba entre las manos de Genaro García Luna, el colaborador de toda confianza de Felipe Calderón Hinojosa, quien fue condenado en octubre de 2024 por una corte de Nueva York a 38 años de cárcel por su colusión con el Cartel de Sinaloa. 

Durante la conferencia de prensa, en la que participaron abogados, activistas y periodistas, sobresalieron los aspectos más incomprensibles de este caso, especialmente el aferro de la FGR para mantener a las víctimas en privación de libertad, a pesar de que no quedan evidencias en el expediente judicial y que los juicios, en primera instancia, de Brenda Quevedo y Jacobo Freyre siguen pendientes. 

Es más: José Mario de la Garza recordó que la Comisión Nacional de Víctimas (CONAVIM) impugnó un amparo ganado por Brenda Quevedo y su familia, lo que hizo que la sentencia no quedara firme. En caso de volver a tener la razón, el expediente judicial regresará ante la CONAVIM, la cual estará obligada a realizar una nueva resolución para reconocer los derechos de la familia. 

“Fíjense en el mundo contradictorio mexicano: por un lado hay este pronunciamiento que reconoce su estatus de víctima, que hubo detención ilegal y afectaciones a sus vidas, y por otro lado la mantienen en prisión más de 18 años sin resolver su caso. En cualquier Estado democrático que respete los derechos humanos de los ciudadanos sería una noticia de primera línea y una aberración”, agregó el letrado. 

Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo –quien está por cumplir dos años en prisión domiciliaria--, sostuvo que en las cerca de dos décadas del caso judicial “siempre se vio en las audiencias el poder” de Isabel Miranda. “tratamos siempre de luchar, pensando siempre que era un error y que se iba a resolver, pero nunca nos imaginamos de contra quien estábamos luchando. Era un gigante de mil cabezas (…) era un odio indescriptible, la querían encontrar viva o muerta”, recalcó. 

La madre de Brenda Quevedo expresó que buscó una reunión con Ernestina Godoy, la recién nombrada titular de la Fiscalía General de la República (FGR), pero que esta se canceló porque la fiscal “estaba enferma”. “Ojalá y me reciba”, dijo. 

Con información de: Proceso.