Prevención del embarazo adolescente en México

La perspectiva
Rita Muciño Corro

La planificación familiar, es un tema que cobró relevancia en nuestro país a partir de la década de los 70, en la que se adoptaron disposiciones para controlar la expansión demográfica. Posteriormente en los 80, los esfuerzos se encaminaron a erradicar la muerte materna y fue hasta los 90 que se integró a las y los adolescentes como población objetivo [1].

De esta manera, se comenzaron a identificar los problemas específicos que experimentan las y los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, tales como las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente (EA) [2].

En consecuencia, desde 1994 que se lanzó uno de los primeros programas “de atención a la salud integral a los adolescentes, con énfasis en salud reproductiva” [2], a la fecha, el Estado ha buscado a través del derecho, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, para lo cual ha constituido un entramado jurídico e institucional y ha adoptado compromisos internacionales para disminuir y erradicar la fecundidad en la adolescencia, a manera enunciativa se pueden mencionar:

  • Programa de Acción aprobado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.
  • Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
  • Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
  • Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
  • Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA).
  • Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Para efectos de análisis, centraré mi atención en la ENAPEA, por tratarse de la primer política dirigida a prevenir el EA en país, la cual ha implicado la inversión de una serie de elementos, tales como recursos humanos y públicos, con un solo objetivo: erradicar para el 2030 el embarazo entre mujeres de 10 a 14 años, y reducirlo en un 50% entre mujeres de 15 a 19 años.

Sin embargo, a cuatro años aproximadamente de su implementación, las cifras, al menos las establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no son muy alentadoras, ya que en 2018 registró en el grupo de 15 a 19 años, un índice de EA de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes.

En los últimos 20 años, la tasa de EA en el país ha oscilado entre el 16% y 19% [3], asimismo, el 13% de embarazos atendidos en los hospitales es de menores de 19 años. Por su parte la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2012 informó que del total de las mujeres adolescentes entre 12 y 19 años de edad que han tenido relaciones sexuales, la mitad (51.9%) ha estado alguna vez embarazada, de las cuales 2 de cada 10 lo han estado en más de una ocasión [4].

De continuar esta tendencia, la meta del ENAPEA no se logrará y solo se reducirá el EA en un 3% [5].

¿A qué obedece esta situación? ¿cuáles son los elementos que deben integrarse en la política de prevención para asegurar la garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes? ¿dónde se concentra el problema? ¿en la configuración de las normas, en las instituciones que intervienen o en ambos?

Ante estas inquietudes sería relevante identificar la forma en como el derecho ha incorporado y respondido a los hallazgos que sobre el tema, han realizado otras disciplinas como la sociología, la antropología o la psicología, ésta última por ejemplo, explica a la maternidad como un deseo insertado en la subjetividad femenina y advierte sobre los efectos que la interiorización de un modelo tradicional de masculinidad, tiene en la vida de los hombres y sus decisiones en este ámbito.

Por otro otro lado, cabe el cuestionarse si la ausencia de los enfoques interseccional, de género y de derechos humanos en las diversas políticas de planificación familiar que hasta antes de la ENAPEA se habían establecido, ha sido uno de las causas que han obstaculizado la solución efectiva al EA, lo anterior considerando el hecho de que se tomaron medidas cuando la tasa de fecundidad adolescente, había alcanzado las cifras más altas en Latinoamérica.

 

Fuentes

[1] Gobierno de la República (2015) “Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente”, pp. 45 y 46.

[2] Juárez, Fátima, & Gayet, Cecilia (2005), “Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en México: un nuevo marco de análisis para la evaluación y diseño de políticas”, Papeles de población, p. 199. Recuperado en 25 de septiembre de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000300008&lng=es&tlng=es.

[3] A.M. Mora Cancino y M. Hernández Valencia , Embarazo en la adolescencia: cómo ocurre en la sociedad actual,  Perinatología y reporudcción humana

[4] Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012.

[5] Data Lab (2018) Políticas públicas para reducir el embarazo adolescente en México

Tips al momento

Denuncia IP simulación federal

Como una simulación calificó el presidente del CCE, Francisco Santini Ramos, las reuniones que tuvo el sector empresarial con los diputados federales para expresar los riesgos que observaban en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que finamente fue aprobada ayer sin ninguna modificación.

Incluso, dijo el dirigente empresarial, la semana pasada el CCE asistió al Parlamento Abierto con los diputados que supuestamente escucharían al sector, lo que resultó sólo en la pérdida de tiempo para los empresarios y un evento mediático para los legisladores.

Por cierto, que los dirigentes de los consejos coordinadores del país, exigen más fuerza en sus peticiones al presidente nacional del CCE, Carlos Salazar, que exprese en realidad el sentir de los empresarios que no lo ha hecho desde que asumió su cargo el pasado febrero.


No entiende que no entiende

De gandalla y falaz califican al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla quién tras registrarse como candidato en la convocatoria por 2 años a la gubernatura de Estado, ahora pretende perpetuarse a través de una ley inconstitucional y a modo por 3 años más en dicho cargo.

No obstante y según Bonilla Valdéz, el INE es el gran provocador... al acusar al Instituto Nacional electoral de engañar a los ciudadanos, y es que Jaime Bonilla ha reiterado en más de una ocasión que cuando se registró para la candidatura lo hizo para un período de 5 años sin embargo la convocatoria publicada y dada a conocer en últimas fechas por diversos medios e incluso a través de los mismos consejeros del Instiuto, está más que claro que el período para el cual se inscribieron todos los aspirantes era de 2 años.

La convocatoria emitida para las elecciones ordinarias 2018-2019 refiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la ley electoral del estado de Baja California en relación con los artículos 6o., 7o. y 8o transitorios del decreto 112 del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, los cargos a elegir son los siguientes:

A) Gubernatura del estado de baja California para el período constitucional del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

B) Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco municipios en el Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de octubre de 2019 al treinta de septiembre de 2021.

C) Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el periodo constitucional del primer de agosto de 2019 al treinta y uno de julio de 2021.

 

El único gandalla que no entiende que el periodo legal por el cuál fue votado por dos años es Jaime Bonilla Valdéz


Justicia, solo si se la piden a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles 16 de octubre tener conocimiento del financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña nieto de 2012 e incluso refirió tener la denuncia al respecto sobre este tema, el mandatario fue cuestionado directamente si su administración investigaría este hecho lo cual López Obrador rechazó y sostuvo que ello sería cómo "descubrir el agua tibia" y que solo actuará en este caso "si se lo piden" lo cual deja de manifiesto que para la administración lopezobradorista la justicia no se hace de oficio, sino de contentillo.


Coincidencias

Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".

López Obrador, por otro lado acaba de obtener la aprobación para la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya algunos panistas como Juan Carlos Romero Hicks dicen que es un absurdo la generación de una nueva dependencia gubernamental, pero con lo aprobado en Chihuahua en idéntico sentido, hay quienes le dicen que más valdría que el legislador blanquiazul se guarde sus comentarios ¿Usted qué opina?

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