La diputada del PAN, Rocio Guadalupe Sarmiento propuso reformar la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado para establecer obligaciones para las autoridades de la materia, en relación con la visibilización, reconocimiento y fortalecimiento del papel de la mujer rural en el Estado.
En el Marco del Día Internacional de la Mujer Rural, señaló seis de diez mujeres rurales en México viven en pobreza, y el ejercicio de sus derechos está totalmente limitado por las condiciones sociales y culturales, por el territorio y la dependencia en un rol de género, pero sobre todo, en lo relativo a la tenencia de la tierra, el agua, materiales agrícolas y mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor.
Apenas el 26 por ciento de los propietarios de núcleos agrarios son mujeres que tienen derechos sobre la tierra, desconociendo datos oficiales de la cantidad de mujeres rurales que trabajan el campo careciendo de sus documentos de propiedad, y al no ser propietarias de la tierra, no pueden recibir apoyos de programas de equipamiento, de infraestructura; tampoco créditos o apoyos económicos de las instituciones gubernamentales.
De acuerdo a datos del INEGI, en Chihuahua hay 12 mil 134 localidades rurales y 52 urbanas, y del total de la población, que llega a 3 millones 741 mil 869 habitantes, de los cuales 1 millón 888 mil 047 son mujeres, el 87 % de los pobladores habita en localidades urbanas y 13% en localidades rurales. En esta entidad federativa, el 34 por ciento de los hogares reconocen a las mujeres como persona de referencia, lo que significa que son consideradas como jefa de la vivienda, superando el reconocimiento a nivel nacional, el cual es de 33 por cada 100 hogares, y situándose en el lugar nueve en el país por su porcentaje de hogares con persona de referencia mujer.
Por ello propuso incluir en Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua, a la mujer dentro de los grupos prioritarios del medio rural, así como destacar el fortalecimiento a los grupos de las mujeres rurales como prioridad del sector privado y social.