Tips en cascada 25 de noviembre 2021

Desde hace tiempo que el CPC anticorrupción en Chihuahua le sigue la pista al dinero de la UACH al encontrar que el rector saliente Luís Alberto Fierro Ramírez llega a ganar hasta 300 mil pesos mensuales, lo cual contraviene  ya no sólo a una inconstitucionalidad sino hasta la “anticonstitucionalidad”, es decir tilda en una violación legal al ganar más que los gobernadores y al nivel del Presidente de la República.

Si la UACH no sólo enfrenta cuestionamientos irregulares por la venta de 13 propiedades e inmuebles de orden público que aprobaron en consejo poner enajenar vía subasta sin la autorización legal de su desincorporación del dominio público, adeudos millonarios con al menos 211 proveedores retenciones de los trabajadores sin enterar a Pensiones Civiles ahora hasta uso a conveniencia del presupuesto que aportan los chihuahuenses.

Se dice que el rector saliente Luís Alberto Fierro Ramírez durante su gestión desde César Duarte y Corral estuvo recibiendo un jugoso sueldo superior a la de un gobernador y al nivel de un presidente de México, sin embargo este tema no es cosa menor pues incluso el CPC del Sistema Estatal Anticorrupción le ha seguido la pista.

La respuesta de la UACH a los cuestionamientos sobre el supuesto millonario sueldo anual de Luís Fierro ha sido que, como se trata de un organismo, autónomo tiene su propia vida interna, asegurando que fueron los propios maestros, directores y alumnos que así lo han dispuesto que sea, creyéndose un Estado dentro de un Estado. El mismo Rene Moreno del CPC calificó a esta institución como "un cartel que opera a su antojo con total impunidad con un rector de sueldo estratosférico y una universidad en caída por la mala administración, tanto que tuvieron llegar a ponerle orden, por eso su ya instancia de mejor de dejar el cargo", cita.

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Luís Fierro al parecer ya no puede sostenerse ni ser sostenido con motivo de su cuestionable ejercicio al frente de la rectoría de la UACH, se dice que su salida es inminente y el próximo viernes tomará un tanto tardía su decisión de renunciar, aunque él había dicho que no tenía pensado hacerlo a menos que le ofrecieran algo mejor.

Como otros ex funcionarios que compartieron eventos, reuniones, acompañamientos y respaldo a Javier Corral, Luís Fierro aducirá a su salida por motivos personales, es decir saliendo por la puerta trasera de un imperio que terminó el pasado 6 de junio del 2021 y que fue marcado con la llegada de Jesus Villalobos Jion como Secretario General  que paró en seco cualquier acto administrativo avanzado incluido el plan de estudios, las licitaciones millonarias, entre otra, fracasando cualquier intento de quedar bien con el gobierno en turno.

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Entre broma y broma la verdad se asoma, y esto le pasó el día de ayer al Fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, al decir que dentro de los próximos tres años este estaría dejando el puesto que está a su cargo, al parecer no podrá terminar la administración de la FGE; por el momento han salido algunas versiones de lo mencionado pues posiblemente pueda tratarse de los cambios que realizará Maru Campos al gabinete o por decisión propia. Hay que recordar que en la administración de Javier Corral esta fue una de las secretarías que no sufrieron cambios, al parecer ahora en la de Campos Galván ya comenzó a ventilarse esta posibilidad, no sin antes dejar digitalizada la Fiscalía, a la que dentro del presupuesto que estaría solicitando su titular sería uno de los más grandes, debido a que le están apostando a las tecnologías, cuyos cambios tendrían resultados visibles dentro de los próximos cuatro meses cuando se inicien las video-denuncias con el fin de brindar un mejor servicio tanto a la ciudadanía como a los elementos de la Fiscalía.

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Hablando de pandemia, el día de ayer esperaba que la Secretaría de Salud Federal enviaría al Consejo Estatal de Salud los índices en cuanto a contagios, defunciones y hospitalizaciones que se han reportado en la entidad, lo que podría derivar que el Estado pudiera retroceder posiblemente hasta el color naranja en el semáforo epidemiológico, número que a decir de la ejecutiva estatal, Maru Campos, están totalmente controlados, mientras que el secretario de Salud Felipe Sandoval  pone en alerta a las instituciones de salud, ya que dichas cifras están ocasionando una reorganización en los hospitales debido a los internamientos que se incrementaron en un 20 por ciento en tan solo un mes, tiempo que el Estado se mantuvo en color verde y que no sesionó el Consejo Estatal para medir los indicadores y poder prevenir e implementar nuevas acciones para evitar este retroceso, ya que por el color que se encontraba la entidad se confiaron dejando que esto comenzara nuevamente a salirse de control. Esto denota, advirtien observadores, una posible  falta de comunicación que existe entre los funcionarios entes mencionados, lo cual genera confusión en los ciudadanos.

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Tal parece que el amparo que promovió el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en 2019 fue fundamental para que la pasada legislatura aprobara la Ley de Fiscalización que entre sus logros quitó a los diputados el tradicional “blanqueo” de desvíos o malos manejos de recursos públicos en las llamadas cuentas públicas, sin embargo durante el gobierno de Javier Corral se encontró la manera en evadir las responsabilidades administrativas en los municipios con el evidente apoyo de la legislatura sometida al gobernador en turno.

Resulta que durante 4 años del gobierno del Nuevo Amanecer, se mantuvo en el limbo el Sistema Estatal Anticorrupción en Chihuahua negando categóricamente que se cumpliera con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la legislación local a modo y negativa a lo que ordenó la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos que obligaban a los municipios a instalar el Órgano Interno de Control, siendo Ciudad Juárez, el único municipio que decidió promover una controversia constitucional que diferenció las facultades de la sindicatura de lo que debería ser la contraloría municipal.

Ahora el CPC de nuevo le enmienda la plana a la pasada legislatura que mantuvo una evidente obediencia al gobierno de Javier Corral hasta los últimos meses de su gobierno donde a conveniencia decidieron dejar ese barco y decidirse por Maru Campos a pesar de que muchos de ellos le juraron lealtad a Corral y su candidato natural Gustavo Madero.

Hoy por hoy el CPC se consolida como un grupo de trabajo refleja mayor operacion, pues ahora presentan dos reformas, una al Código Municipal y otra a la Constitución del Estado para ser analizada por los diputados y que prácticamente obliga a que los municipios cuenten con tres áreas importantes: La conformación de los Órganos Interno de Control, Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito municipal y Fortalecer la figura de las Sindicaturas Municipales.

La actual legislatura en cambio da una muestra de querer hacer bien las cosas, cumplir con las leyes y la fracción parlamentaria mayoritaria en el Congreso que encabeza Mario Vázquez Robles ha planteado una reunión en conjunto con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para conocer a profundidad los alcances y aportes que desde Acción Nacional se podrían realizar a estas reformas que complementarían en su totalidad al Sistema Anticorrupción en Chihuahua.

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El coordinador de los diputados del PAN, Mario Vázquez Robles, como representante de la primera fuerza política en el Congreso del Estado ha dado detalles de manera precisa a la población a través de los medios de comunicación con respecto al paquete económico que enviará la gobernadora del Estado Maru Campos Galván, donde no sólo se destaca la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, sino también un panorama financiero de la realidad en que la anterior administración dejó al Estado.

A decir del diputado se espera que junto con el paquete económico se anuncie por parte de la administración estatal un proyecto de rescate financiero de la entidad,  no descartando una posible reestructuración de la deuda, sin embargo es algo que le competerá al gobierno del Estado trabajar, proponer y dar a conocer los detalles.

Por lo pronto se supo que la entrega del paquete fiscal se estaría presentando al Congreso del Estado hasta el martes de la próxima semana, pues es probable que la gobernadora Maru Campos haga pública su propuesta primero a la ciudadanía en un acto público y tal vez de manera masiva en redes sociales, es decir con la mayor transparencia y objetividad necesaria para una población lastimada por ya tres gubernaturas anteriores que llevaron a un adeudo de 75 mil millones de pesos en deuda directa, indirecta, proveedores y pasivos.

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Será hoy en el marco de la XXXIII Asamblea de Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, que se desarrolla en Guadalajara, cuando el alcalde Marco Bonilla asuma la vicepresidencia de este organismo, cargo que ostentará los próximos dos años.

La Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez es una coalición de municipios del país comprometidos en mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, mediante el impulso de políticas públicas municipales con enfoque en sus derechos y cuenta con el aval y apoyo de Unicef y Save the Children, lo que abrirá la puerta para poder establecer en el municipio programas en conjunto con estas organizaciones internacionales.

La Red será presidida por el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus.

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El alcalde palomeó otra de sus propuestas de campaña al aprobarse ayer en Cabildo la creación del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), así como el reglamento interior, que entrará en funciones el 1 de enero de 2022.

Este Instituto permitirá atender de manera integral la salud mental y física lo que generará, ha señalado el Alcalde, crear un  mayor vínculo con las instancias de salud estatales y federales.

Por cierto que ayer en Cabildo hubo una reasignación de lugares de los regidores, pues el Alcalde dejó de ocupar la cabecera para cambiarse al centro de la mesa, lo que le permite, señala, tener a la vista a los regidores y ciudadanos que asistan a las sesiones.

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Marco Bonilla va por su siguiente objetivo en materia de transparencia: lograr que Chihuahua sea el primer municipio del país en alcanzar la certificación en gasto público y rendición de cuentas PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability).

En los próximos días, adelantó, solicitará la carta intención para obtener la certificación PEFA que es una metodología para evaluar la situación en la que se encuentra el sistema de gestión financiera pública del Gobierno municipal.

El sistema PEFA, que es un secretariado de la ONU, compara la situación de la gestión financiera pública del Gobierno municipal con las buenas prácticas internacionales, en otras palabras, evalúa si es o no es transparente.

Al ser promovida la evaluación por el secretariado PEFA conformado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía de Suiza y la Unión Europa, al contar el municipio con esta certificación permitirá acudir a organismos internacionales para obtener recursos con la garantía de que cada dólar o euro invertido en la ciudad de Chihuahua en proyectos de sustentabilidad, de combate a la corrupción, de seguridad va a ser bien invertido.

El Alcalde ya había mencionado que contar con esta certificación facilitará obtener recursos de organismos internacionales para la construcción del relleno sanitario.

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Para la comunidad empresarial si no existe opacidad en las obras de infraestructura que realiza el Gobierno federal, al ser declaradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador asunto de seguridad nacional, despierta la perspicacia de que sí la hay y el asunto es serio.

El decreto que protege la información relacionada con infraestructuras, da pie a pensar que se quiere esconder "algo", al menos durante el periodo de la actual administración federal.

Se trata pues, para el empresariado, de un intento para evitar la transparencia, rendición de cuentas y que los mexicanos desconozcan en dónde se gasta el dinero, esto cuando los ciudadanos tienen el derecho de saber en qué se utiliza el dinero público, pues al ser público la obligación de transparencia es inherente, no es opcional.

En opinión del presidente de Coparmex, Salvador Carrejo, se está ante una situación muy grave porque el gobierno autoriza esta medida tras una serie de publicaciones periodísticas sobre posibles anomalías o irregularidades en sus obras.

Desde el sector empresarial, se observa como un “protegerse” de señalamientos futuros y así evitar que salgan a la luz pública casos de corrupción, desvíos de recursos a actividades como las elecciones u otros proyectos que quedan fuera de lo etiquetado.