Once meses después de los acontecimientos que costaron la vida a 40 personas y que causaron heridas a 27 más en Estación Migratoria de Lerdo-Stanton en Ciudad Juárez; en el Senado de la República, se reunió el Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento de la Cámara Alta, que atiende estos hechos, con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante la reunión, el presidente del Grupo de Trabajo, el senador Rafael Espino de la Peña (Morena) destacó el deber de las y los senadores que forman parte de este organismo por dar seguimiento a los mecanismos de protección de los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, destacó la importancia de analizar los casos de las personas que están en prisión por estos hechos, ya que existen irregularidades en muchos de los procesos penales.
Al exponer los avances sobre las investigaciones sobre el incidente, los representantes de la CNDH distinguieron las garantías de las personas migrantes, promovidas a través de medidas cautelares para la atención de los afectados en hospitales públicos y privados. Abundando sobre las víctimas, se reconocieron violaciones a derechos humanos de 90 personas.
Dentro del análisis sobre el incendio, el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, destacó la recomendación 11VG/2023, la cual se hizo a Secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM). Además de las medidas cautelares emitidas por el organismo autónomo a favor de la atención médica.
Estrada Correa mencionó que las nacionalidades de las víctimas son: 28 de Guatemala; 14, Honduras; 12, El Salvador; 12, Venezuela y una de Colombia.
Por su parte, Coordinadora General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Cecilia Velasco Aguirre detuvo su análisis sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas, ya que las tres dependencias se han cumplido parcialmente. Sin embargo, destacó que las20 familias de los fallecidos han recibido montos por concepto de compensación.
Puntualizó que se han realizado visitas a estaciones migratorias en 29 entidades, lo cual arrojó un registro de población migrante de 316 personas de distintas nacionalidades, principalmente de Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador y Senegal.
En su participación, la senadora Gabriela Benavides Cobos (PVEM) reconoció la labor de la CNDH en esta materia, lo cual funge como un vínculo entre víctimas y autoridades. Por otro lado, insistió en lograr sanciones a los responsables de estos actos, asimismo aprovechó para señalar la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el organismo autónomo.
La senadora Martha Márquez Alvarado (PT) calificó como urgente la emisión de un informe donde se plasmen los hechos encontrados por las y los legisladores con tal de que las autoridades correspondientes se pronuncien y reaccionen para evitar que la tragedia se repita.
Por su parte, el senador Antonio García Conejo (PRD) señaló la falta de sensibilidad por parte de la CNDH ante lo ocurrido en el incendio en la Estación Migratoria, dado que pudo haberse evitado, además de ser considerado por muchos, hasta un crimen de Estado”
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria (Grupo Plural), recalcó la falta de insistencia sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que han sufrido los familiares de las víctimas. El informe de este organismo consideró, denota una normalización del “hecho” que es inaceptable tratándose de una organización que debe defender a las víctimas.