Uso de Santa Muerte no viola principio de laicidad, determinan magistrados del Tribunal Electoral
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó como improcedente la queja presentada por el PAN por el uso de la Santa Muerte como difusión de propaganda electoral con símbolos religiosos por parte de Morena.
Los magistrados electorales negaron que esta figura represente un símbolo religioso y utilizarlo viole el principio de laicidad, así como si la imagen en cuestión representa una religión, “pues estos argumentos no combaten los razonamientos fundamentales en los que se basa la responsable para sustentar el acuerdo impugnado”.
El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera presentó el proyecto de resolución al acuerdo impugnado del Instituto Nacional Electoral (INE).
En su inconformidad, el PAN argumentó que la Unidad Técnica de lo Contencioso del instituto debió realizar un análisis profundo del uso de esta figura de la Santa Muerte, además de que se trató de propaganda electoral con símbolos religiosos, que incluso incita a la violencia. La respuesta fue que eso no era así y se determinó que no se violó el principio de laicidad.
“Estos argumentos no combaten los razonamientos fundamentales en los que se basa para sustentar el acuerdo impugnado”, señala el proyecto de Fuentes Barrera.
De acuerdo con la queja, Acción Nacional pidió que se emitieran medidas cautelares como ordenar el retiro de la publicación de Morena en redes sociales, así como el inicio de un procedimiento especial sancionador por violación a distintos preceptos constitucionales y legales en materia de propaganda electoral.
Los magistrados coincidieron con la UTC y desecharon la solicitud del PAN y por mayoría de cuatro votos se resolvió este tema, aunque la magistrada Janine Otálora Malassis consideró que si debía revocarse el acuerdo del INE.
Con información de Crónica.
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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