Curas anuncian huelga de hambre por 5,000 toneladas de alimentos retenidos por el Gobierno de Milei
Un grupo de curas argentinos realizará una huelga de hambre para exigirle al Gobierno del presidente Javier Milei que distribuya en los comedores populares las 5.000 toneladas de alimentos que tiene guardadas en galpones.
"Comenzaremos una huelga de hambre en la puerta del depósito con una celebración ecuménica a la que invitamos a todos los cultos y sus representantes a participar", señaló el comunicado publicado por Francisco Olvera, un sacerdote conocido en el país por su activismo social y por formar parte del colectivo Curas en Opción por los Pobres.
"Si nuestro pueblo no come, nosotros tampoco vamos a comer", agregó al anunciar que la medida de protesta se llevará a cabo en las dos bodegas ubicadas en las provincias de Buenos Aires y de Tucumán, en donde el Ministerio de Capital Humano guarda el cargamento de alimentos que fue comprado por el pasado Gobierno de Alberto Fernández, pero que no se ha distribuido.
La semana pasada, el portal El Destape reveló que en esos galpones había yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y de maíz y arroz con carne, que están destinados a los 45.000 comedores populares que hay en el país, y a donde diariamente acuden personas en solitario, familias, adultos y menores de edad para poder comer.
El caso se ha transformado en un conflicto para las autoridades, ya que retienen los productos en medio de una creciente crisis económica que ha provocado que se incremente el número de personas que necesitan acudir a los comedores para tener por lo menos una comida al día.
Presiones
Luego de una serie de contradicciones, el Gobierno reconoció finalmente que los alimentos existían pero, a pesar de una orden judicial, advirtió que no los repartirá porque hay denuncias de que muchos de los comedores "fantasma", es decir, que en realidad no operan.
Por el contrario, las organizaciones y líderes comunitarios que manejan varios de esos comedores, exigen que se les entreguen los cargamentos porque no tienen nada qué ofrecerles a las personas que lo necesitan y la situación ya es urgente. De hecho, en Argentina la pobreza va en aumento y ya ronda al 50 % de la población.
"Las mentiras del Ministerio de Capital Humano encubren un crimen que suma al incumplimiento de los deberes de funcionario el abandono de personas", acusó Juan Grabois, un dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular quien, además, es muy cercano al papa Francisco.
La Iglesia Católica ha estado activa en el conflicto. El lunes, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, también le reclamó al Gobierno la entrega de los alimentos.
"No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria rápidamente tienen que ser entregados", demandó.
Con información de actualidad.rt.com
Tips al momento
Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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