“No teníamos armas, nunca se les disparó”: migrante colombiana sobre ataque de la Guardia Nacional
Una de las migrantes colombianas que viajaba con el grupo al que elementos de la Guardia Nacional disparó mientras ocurría un supuesto enfrentamiento en Tecate, Baja California, declaró a Zeta que no llevaban armas y no atacaron de manera previa.
“No teníamos armas, no somos delincuentes, nunca se les disparó”, dijo.
De acuerdo con el medio, antes de solicitar apoyo a unidades de emergencia, agentes de la Guardia Nacional recolectaron indicios balísticos resultado del ataque armado realizada por ellos.
“La recolección de los cartuchos percutidos les habría llevado a los agentes algunos minutos debido a que los disparos iniciaron sobre la carretera de cuota y concluyeron varios metros después, lapso en el que las víctimas heridas trataban de auxiliar a quienes presentaban mayor gravedad por los impactos”, dio a conocer una de las víctimas a Zeta.
Las autoridades no encontraron casquillos, balas ni armas que supuestamente se usaron contra las Fuerzas Armadas. En el interior de un vehículo solo se hallaron dos indicios de armas de uso exclusivo del Ejército que fueron detonados por los agentes de la Guardia Nacional.
La versión oficial de la Sedena señala que los elementos fueron agredidos con armas de fuego por un grupo de civiles armados y al repeler la agresión se desató un enfrentamiento dejando dos migrantes colombianos muertos y cuatro heridos.
Los migrantes de nacionalidad colombiana viajaban a bordo de una camioneta Nissan XTerra de color blanco tripulada por un mexicano, quien supuestamente los llevaría a Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron la tarde del 2 de noviembre en las inmediaciones del parque eólico La Rumorosa, que es empleado como ruta de tráfico de migrantes.
La Sedena informó que los tres elementos de la Guardia Nacional que durante los hechos hicieron uso de su arma se encuentran separados temporalmente de sus funciones en forma precautoria, en tanto las autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones y se deslindan las responsabilidades correspondientes.
Recientemente, la Sedena confirmó la muerte de seis migrantes a manos de personal del Ejército en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas, mientras los elementos de seguridad realizaban “reconocimientos terrestres” en la zona.
El primer mes de Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República registró eventos violentos de las Fuerzas Armadas contra civiles, que dejaron como saldo una treintena de muertos.
Con información de Animal Político.
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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