Trabajadores del Poder Judicial, instalados a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se lanzaron en contra del ministro Alberto Pérez Dayán debido a su postura ante la reforma judicial.
“¡Que salga el traidor, que salga el traidor!”, exigieron los trabajadores para pedir que Pérez Dayán saliera de la Corte tras haber votado en contra de la validez del proyecto Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Decenas de personas se colocaron a las afueras del máximo tribunal en espera de los resultados de la votación, en donde este martes se abordó el proyecto que proponía invalidar diversas disposiciones de la reforma judicial, como la elección de jueces y magistrado por voto popular.
No obstante, el ministro Pérez Dayán afirmó que las acciones promovidas por el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá eran improcedentes.
Además afirmó que la Corte no tenía competencia para revisar una acción de inconstitucionalidad.
Con su voto en contra de la validez del proyecto, el ministro rompió el bloque de los ocho ministros opositores, necesarios para que ese proyecto pasara.
"Acabas de traicionar a tus compañeros de trabajo, que la historia te juzgue”, añadieron los trabajadores en los templetes instalados a las afueras de la Suprema Corte.
Con la resolución de los ministros, la reforma judicial quedó firme, por lo que la elección de jueces, ministros y magistrados se llevará a cabo en junio de 2025.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.