Chihuahua, Chihuahua, a 09 de noviembre de 2024.Agentes de la Policía Municipal, de la DSPM, lograron el arresto de un hombre que acudió a cargar gasolina a una estación de servicio y presuntamente, se retiró sin pagar los 500 pesos por el combustible.
La llamada de emergencia se recibió desde el fraccionamiento Quintas Carolinas, en una estación de gasolina que se ubica en la calle A La Calera y calle Monte Potrero, a donde llegó el conductor de un vehículo de la marca Nissan, de la línea Tiida, de color guinda, quien solicitó se le sirviera 500 pesos de gasolina.
El empleado de la estación de servicio explicó que al momento de cobrarle, encendió el motor y se retiró del lugar, sin pagar.
Al arribo de los oficiales, implementaron un operativo de búsqueda, a través de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua y testigos en colaboración con el Departamento de Estadísticas y Análisis Táctico de la corporación, lograron la localización del conductor y el vehículo.
El presunto ladrón fue identificado como Carlos Rogelio M.L., quien fue detenido y trasladado a la Comandancia Norte, para su remisión. Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, para ser puesto a disposición por el delito de robo.
El presente documento es meramente informativo y será, en su momento, la autoridad correspondiente quien finalmente determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.