El alcalde, Marco Bonilla, tomó protesta a los miembros del Consejo Municipal de Protección Civil 2024-2027, el cual tiene el objetivo de generar estrategias y acciones encaminadas a inhibir riesgos y peligros que pueden afectar a la sociedad.
Dicho consejo se instala al principio de cada administración municipal, el cual se encarga de dar a conocer los programas de Protección Civil por temporada, y en esta primera sesión se presentó el “Programa Especial de temporada Invernal 2024-2025”, también el “Programa de Protección Civil 2024-2027” y la Guía Técnica para el Refrendo de Programas Internos vigentes.
En su mensaje, el Alcalde comentó que “Protección Civil” es hablar de las medidas y acciones que permiten salvaguardar la vida, integridad, salud y bienes de la población, así como la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.
“De lo anterior, entonces, resalta la importancia de este Consejo. Las decisiones que aquí se tomen, los programas que aquí se aprueben, y las políticas públicas que surjan de este órgano, serán la diferencia entre una buena o una mala gestión de riesgos”, agregó Marco Bonilla.
Por su parte, Iván Rivera, coordinador de Protección Civil Municipal, presentó el “Programa Municipal Protección de Protección Civil 2024-2027”, mismo que busca realizar acciones encaminadas a proteger la vida de la población, por medio de diagnósticos que permitan identificar los riesgos y así implementar medidas en diversas situaciones.
Además, se votó a favor de aprobar el “Programa Especial por Temporada Invernal 2024-2025”, el cual se encarga de brindar medidas de protección por la llegada del frío para actuar en casos de heladas, nevadas, granizos y lluvias, así como evitar intoxicaciones por gas, o incendios, además de cuidar la salud para evitar enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas.
Cabe señalar que, en este consejo participan autoridades de los diversos niveles de gobierno, además de miembros de la sociedad civil, iniciativa privada y de la academia, quienes en alianza trabajarán por proteger a la ciudadanía y su integridad.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.