rqE8PzqTrascendió extraoficialmente que Jesús Salas Aguayo alias “El Chuyín” falleció de un infarto cuando iba en un vehículo en la carretera de Villa Ahumada a Benito Juárez. rqE8Pzq Omnia.com.mx
rqE8PzqLas autoridades no han confirmado el hecho por lo que se está a la espera de información oficial.rqE8Pzq Omnia.com.mx
rqE8Pzq“El Chuyín” era lugar teniente de la zona noroeste del estado para el grupo delictivo Nuevo Cartel de Juárez (NCDJ), quien además era buscado por el FBI y varias autoridades norteamericanas por el delito de trasiego de mariguana y cocaina hacia el país vecino.rqE8Pzq Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.