Diputados aprueban por unanimidad la reforma que empodera a García Harfuch
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó este jueves por unanimidad la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum que dota de más facultades a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).
La iniciativa establece que la dependencia a cargo de Omar García Harfuch coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivas, además de auxiliar a la persona titular de la presidencia de la República.
También le otorga a la dependencia facultades de más poderes para tener un papel central en la investigación, la prevención y la persecución de los delitos, en colaboración con las instituciones de procuración de justicia del país.
La iniciativa que modifica el artículo 21 de la Carta Magna fue aprobada por 441 votos a favor. Durante la discusión no se presentaron reservas por parte de ninguno de los grupos parlamentarios.
Observaciones de la oposición
En sus posicionamientos los grupos parlamentarios apoyaron la reforma. Sin embargo, no dejaron de señalar algunos puntos sobre cómo será supervisada la dependencia y sobre su presupuesto.
La diputada panista Annia Sarahí Gómez adelantó que su partido votaría a favor de la reforma, pero observó que a la iniciativa le faltan leyes secundarias para tener un control y seguimiento de las facultades que tendrá la SSPC.
“El Grupo Parlamentario del PAN nunca se opondría a una reforma que tenga por objeto garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, a esta reforma le faltan todavía cosas que esperemos podamos fortalecer en las leyes secundarias, pues no presenta una forma de control y de seguimiento por parte del Congreso de la Unión para este nuevo cambio constitucional.
“Tendríamos que haber creado, por ejemplo, una comisión bicameral para darle seguimiento a las nuevas facultades que tendrá la Secretaría y que se encuentren sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal por conducto de esta comisión. Pero,bueno, ya sabemos que la legislación en este régimen es cada vez más lenta”, expuso.
Por su parte, el diputado del PRI, Noé Chávez, resaltó que el partido tricolor está a favor de la iniciativa porque es urgente tomar medidas contundentes para combatir la delincuencia. Sin embargo, consideró que se tiene que dotar de un buen presupuesto a la dependencia.
“Si la nueva secretaría, con las facultades constitucionales que se le otorgan, va a ser la encargada de dirigir la estrategia de seguridad, debemos también cuidar y señalar que el presupuesto debe estar alineado con las necesidades del país en materia de seguridad. Por eso, en nuestro partido seguiremos luchando por un presupuesto justo y adecuado para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, enfatizó.
La reforma tendrá que ser aprobada en al menos 17 estados de la República para que se realice la declaratoria de constitucionalidad y pase a la titular del Ejecutivo para su publicación.
La reforma
El documento aprobado establece que:
- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función.
- Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, mismos que serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.
- El Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable.
- La Secretaría del ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos y le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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