María Inés G. G., quien es elemento activo y trabaja en el área de Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, denunció el abuso de autoridad, del que fueron víctimas ella y su pareja por parte de policías municipales. La denunciante ofreció su testimonio a omnia.com.mx, con algunas reservas de sus datos e identidad.
Señaló que el pasado lunes 2 de diciembre, salió de su trabajo para un asunto personal, para el cual solicitó el permiso respectivo que le fue concedido y cuando dejó su oficina como a las 14:15 horas y al circular con su pareja, que tripulaba el carro en el que se desplazaban, fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal, quienes les indicaron que descendieran de la unidad, lo que hicieron para luego ser notificados, que el vehículo contaba con reporte de robo y que serían detenidos, hechos ocurridos como a las 14:20 horas.
La afectada, señaló que, al identificarse, le fue asegurado su porte de arma, así como un cargador abastecido que es de su pistola de cargo, que en estos momentos no portaba.
Señaló que fueron traslados a la Comandancia Sur, en donde les fue negada la llamada a la que tienen derecho, para notificar en su trabajo y a sus familiares de lo que les acontecía.
Dijo que, posteriormente sus derechos le fueron leídos como a las 16:40 horas, en esa Comandancia Sur, en donde fue incomunicada.
Los horarios son relevantes porque, según comentó, el parte policiaco señaló que fueron detenidos, a la 13:30 y supuestamente sus derechos les fueron leídos a las 13:36 en el lugar en donde fueron abordados. Así que hubo una gran diferencia entre lo realmente ocurrido y lo reportado por los oficiales municipales en el parte policiaco, según lo explicó.
Comentó que, al no permitírsele hacer la llamada, le dijeron que ya habían hablado con su jefe inmediato, desconociéndose con quién se comunicaron los de la Policía Municipal, pues su superior se encuentra en Juárez.
Señaló que, tanto ella como su pareja, fueron consignados a la Fiscalía General del Estado y cuando llegaron a esas instalaciones, sus datos personales habían sido filtrados a medios de comunicación, al parecer desde la corporación municipal.
Explicó que, en el parte policiaco, se decía que ella había declarado que el vehículo era de su propiedad, lo cual es falso dijo, porque su pareja lo había adquirido.
También, explicó, que tanto ella como su pareja fueron dejados en libertad pues, se comprobó que había sido comprador de buena fe, no obstante, el vehículo sigue asegurado para las investigaciones correspondientes.
Al comentar lo anterior señaló que, por el abuso de poder de que fueron objeto, interpondrá las denuncias correspondientes, pues violaron tanto sus derechos humanos, así como los procedimientos establecidos para una detención y se mintió en un documento oficial, como es el parte policiaco, pues hay evidencia en las imágenes de las cámaras de la Plataforma PCUU.