
El PAN en el Senado, a través de su vicecoordinador, Enrique Vargas, calificó de preocupante la situación de inseguridad que se vive en el territorio nacional, sobre todo en Sinaloa, a donde ya fue Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y “no pasa nada”.
Por ello, el panista se pronunció porque el operativo “Enjambre” se implemente también en aquellos estados y municipios del país con alta incidencia delictiva.
En ese sentido, el expresidente municipal de Huixquilucan, criticó la actitud indolente del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que calificó de “sumamente preocupante”.
Le dice a la ciudadanía que no pasa nada y que sigan con su vida, cuando los empresarios han reportado pérdidas por casi 18 mil millones de pesos a consecuencia de la violencia, fustigó.
Sinaloa lleva al menos ocho semanas sumida en violencia ininterrumpida, derivado de la guerra que se desató entre los “chapitos” y los “mayitos” tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada quien fue trasladado a los Estados Unidos, presuntamente entregado por el hijo mayor del Chapo Guzmán.
Vargas se pronunció porque el operativo “Enjambre” que se implementó en el Estado de México para detener a funcionarios municipales coludidos con el crimen organizado, se extienda a aquellas entidades y municipios clasificados como altamente peligrosos.
“Mira, no sólo en el Estado de México sino en todo el país, yo si hago un llamado al gobierno federal que vayan a los municipios más peligrosos, que vayan a Culiacán, que vayan a los municipios que realmente tienen una incidencia sumamente alta y no solo en el Estado de México, lo celebro, qué bueno, que se sigan con los demás estados y los demás municipios no solo un operativo”.
Acusó que la violencia que se registra actualmente es producto de la política de “abrazos, no balazos”, y lo que se necesita es una estrategia real, más fuerte, donde la presidenta de la República tome “cartas más fuertes” en el tema de la seguridad.
Dijo que se requiere invertir en las policías municipales y estatales, porque la Guardia Nacional, simplemente no funciona.
Con información de Crónica.

Esta mañana el movimiento “Generación Z” lanzó un comunicado advirtiendo que el Gobierno Federal tiene miedo de las movilizaciones del próximo 15 de noviembre, por lo que decidió levantar muros alrededor del Palacio Nacional. Aseguraron que aunque se levanten los muros no pararan las exigencias.
Parte de la publicación menciona lo siguiente:
“ Sí, ya vimos que mandaron porros, sindicatos y cercos para 'proteger" el palacio. Lo disfrazan de seguridad, pero todos sabemos que es miedo. Miedo a una generación que ya no se cree su teatro.
Y aunque levanten vallas, no hay barrera que pueda frenar una idea cuando llega su momento.
Si este gobierno y todos los políticos, que juraron defender a México no tienen vergüenza en destruirlo, nosotros no tendremos miedo en defenderlo…”
A esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que es por seguridad pues en manifestaciones pasadas se han infiltrado personas para realizar destrozos, asegurando que creen en los jóvenes de México, pero se ha infiltrado la oposición en esta causa.
Se espera que al menos 70 ciudades de todo el país lleven a cabo manifestaciones por la defensa de México, algunas otras organizaciones se han sumado, así como actores políticos.

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.

Esta mañana el movimiento “Generación Z” lanzó un comunicado advirtiendo que el Gobierno Federal tiene miedo de las movilizaciones del próximo 15 de noviembre, por lo que decidió levantar muros alrededor del Palacio Nacional. Aseguraron que aunque se levanten los muros no pararan las exigencias.
Parte de la publicación menciona lo siguiente:
“ Sí, ya vimos que mandaron porros, sindicatos y cercos para 'proteger" el palacio. Lo disfrazan de seguridad, pero todos sabemos que es miedo. Miedo a una generación que ya no se cree su teatro.
Y aunque levanten vallas, no hay barrera que pueda frenar una idea cuando llega su momento.
Si este gobierno y todos los políticos, que juraron defender a México no tienen vergüenza en destruirlo, nosotros no tendremos miedo en defenderlo…”
A esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que es por seguridad pues en manifestaciones pasadas se han infiltrado personas para realizar destrozos, asegurando que creen en los jóvenes de México, pero se ha infiltrado la oposición en esta causa.
Se espera que al menos 70 ciudades de todo el país lleven a cabo manifestaciones por la defensa de México, algunas otras organizaciones se han sumado, así como actores políticos.

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
