
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha emitido una advertencia a la población sobre una nueva estrategia de fraude que circula en redes sociales. Se trata de anuncios engañosos que aseguran que los adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) pueden obtener un descuento en el pago de su servicio de electricidad. Sin embargo, la CFE ha aclarado que esta información es completamente falsa y que no ofrece beneficios de este tipo a través de plataformas digitales.
Este tipo de estafa ha sido identificado como una práctica de "clickbait", donde los estafadores utilizan enlaces falsos para atraer a los usuarios a sitios web fraudulentos. En estos portales, las víctimas son inducidas a proporcionar información personal, datos bancarios o incluso a realizar pagos anticipados bajo la promesa de un supuesto descuento en su recibo de luz. La CFE reiteró que no realiza promociones ni solicita pagos por internet fuera de sus canales oficiales.
Además de este fraude, el organismo ha detectado otras modalidades de engaño en la web. Entre ellas, el "phishing", donde delincuentes envían correos electrónicos que aparentan ser de instituciones oficiales para robar datos sensibles; el "smishing", que opera a través de mensajes de texto con enlaces fraudulentos; y el uso de "malware", programas maliciosos que infectan dispositivos electrónicos para extraer información.
Para evitar caer en estas prácticas fraudulentas, la CFE recomienda a los ciudadanos no abrir enlaces sospechosos, proteger su información personal y abstenerse de realizar pagos a través de sitios no verificados. Los únicos métodos autorizados para liquidar el servicio de electricidad incluyen CFEmáticos, bancos, comercios autorizados, aplicaciones oficiales y el portal de la CFE.
Finalmente, la CFE insta a la población, especialmente a los adultos mayores, a mantenerse informados mediante sus canales oficiales y acudir a los centros de atención en caso de dudas. La verificación de fuentes confiables es clave para evitar caer en fraudes que, con el tiempo, han ido evolucionando para engañar a más personas en internet.
Con información de Informador.mx

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
