dBLWtEsEl presidente de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN), Manuel López Cabanillas Lomelí comentó que es común que al implementar nuevas políticas públicas comiencen los amparos. dBLWtEs Omnia.com.mx
dBLWtEsY es que el día de ayer se dio a conocer que 16 organizaciones y empresas interpusieron amparos contra el programa del gobierno federal, “Mi Escuela Saludable”, que busca reducir los niveles de obesidad desde edades tempranas, según los amparados con este programa se estaría vulnerando el derecho a los consumidores de decidir lo que quieren comer. dBLWtEs Omnia.com.mx
dBLWtEsCon esto, Cabanillas expuso que estas medidas deben ser aceptadas por el sector privado y sociedad para hacer un cambio pues actualmente tenemos un problema grande de sobrepeso y obesidad, “estas acciones siempre ocurren cuando hay una implementación de una política pública pero a la larga hay resultados como ya se tienen en disminuir un poco esta problemática”, dijo y agregó que es necesario unirse para trabajar en conjunto para beneficio de los mexicanos.dBLWtEs Omnia.com.mx
dBLWtEsHasta el día de ayer, las empresas e instituciones que se ampararon son las siguientes: Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Comercializadora Gonac, Jumex, Embotelladora AGA, Corporación del Fuerte; Bepensa Bebidas; Corporación RICA; Maison Kayser; Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia; Refresquera Internacional, Embotelladora las Margaritas, BBOX Vending, Centros Culturales de México y Bona Terra y Bebiendo.dBLWtEs Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.