Corte retira proyecto que limitaría la prisión preventiva oficiosa; queda en manos de ministros electos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró el proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat que plantea limitar la figura de la prisión preventiva oficiosa y que se había enlistado para ser discutido en las próximas sesiones de la conformación actual del máximo tribunal, y corresponderá el análisis a la nueva integración del pleno. 

El proyecto fue publicado la semana pasada y contemplado para ser resuelto en las últimas sesiones de la Suprema Corte antes de la toma de posesión de los nueve ministros electos por voto popular.

La propuesta de la ministra Ríos Farjat resuelve la acción de inconstitucionalidad 49/2021 y plantea establecer una interpretación de la prisión preventiva oficiosa acorde con los derechos humanos y estándares internacionales.

El proyecto apareció en la lista de asuntos a discutir por el pleno de la SCJN el pasado 24 de junio; sin embargo, ya no está enumerado en la lista a discutir del próximo martes.

En su proyecto, la ministra Ríos Farjat propuso eliminar el carácter automático de ello establecida en el artículo 19 constitucional, y que sea una medida para ser analizado por un juez sin que sea solicitado por el Ministerio Público, como ocurre con la prisión preventiva justificada.

El proyecto señalaba que la frase "el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente" puede ser interpretado en el sentido de que la persona juzgadora ordenará, sin que haya una solicitud previa del Ministerio Público, la apertura del debate sobre la aplicación de la medida de prisión preventiva.

El retiro del proyecto ocurre después de que se dio a conocer que el gobierno federal solicitó a la ministra presidenta Norma Piña Hernández que se pospusiera la discusión y votación de todos los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa, incluyendo los que llegaron como parte de la necesidad de aplicar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a México a eliminar la figura del arraigo y a reconfigurar la prisión preventiva oficiosa.

Con información de Latinus

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