Justicia de Trump da prioridad a casos de desnaturalización de ciudadanos con delitos
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha ordenado a sus fiscales priorizar la “desnaturalización”, es decir, la revocación de la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos, lo que ha generado críticas entre los defensores de los derechos civiles.
El fiscal adjunto de la División Civil del DOJ Brett A. Shumate ha enviado un memorando en el que advierte que su oficina “priorizará y promoverá al máximo” los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas.
El memorando con fecha 11 de junio, citado por NBC, instruye a los fiscales de esa división “promover” la tramitación de todos los casos viables de desnaturalización, manteniendo la integridad del sistema de naturalización.
El DOJ detalla diez infracciones por las que se puede revocar la ciudadanía a las personas naturalizadas, que van desde fraude hasta crímenes de guerra.
Las personas que representan un peligro potencial para la seguridad nacional, incluyendo a aquellas con vínculos con el terrorismo, el espionaje o que participaron en torturas, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos, hacen parte de las prioridades.
También se incluyen procesos contra personas que promovieron o fomentaron las actividades de bandas criminales transnacionales y carteles de la droga, así como los extranjeros que cometieron delitos graves que no se revelaron durante el proceso de naturalización.
Además, el DOJ abrió un frente contra los ciudadanos naturalizados que participaron en diversas formas de fraude financiero, incluyendo delitos contra el programa de seguro público Medicaid.
Pero el memorando también establece que se evaluará “cualquier otro caso” remitido a la División Civil que se considere lo suficientemente importante como para investigarlo, otorgando a los fiscales del DOJ mayor discreción sobre cuándo iniciar procesos de desnaturalización.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL) han condenado la vaguedad y el amplio alcance de la directiva.
“La iniciativa de la Administración Trump de revocar la ciudadanía es alarmante y plantea serias preocupaciones en relación con la Decimocuarta Enmienda”, declaró el presidente de la NACDL, Christopher Wellborn en un comunicado de prensa.
El abogado dijo que la redacción del memorando “sugiere” que cualquier delito, en cualquier momento, puede utilizarse para justificar la desnaturalización.
“No es difícil imaginar un escenario en el que el gobierno invoque alegaciones infundadas de afiliación a pandillas… para alegar que la ciudadanía se obtuvo ilegalmente. La amenaza al debido proceso, especialmente sin la garantía de representación legal, es incalculable”, puntualizó.
Tomado de López-Dóriga Digital
Con información de EFE
Tips al momento
Arturo Grado dirigirá a los vecinos de Residencial San Francisco Country Club
Este miércoles se celebró la asamblea para elegir al nuevo comité directivo del Residencial San Francisco Country Club, uno de los fraccionamientos más importantes de la ciudad y en donde afloran las pasiones y todo en momentos pareciera tornarse una competencia politica.
En este caso, ganó la planilla encabezada por el abogado Arturo Grado, quién sucederá al Presidente saliente Arturo Flores, a quien sus vecinos le apodan.MacArthurHubo algo de polémica pero finalmente todo terminó en paz.
Arturo Grado fue muy conocido en su momento porque el abogado de Gloria Trevi y continúa dedicándose al litigio.
La asamblea empezó a las 17 horas y terminó casi a las 21 horas, con un resultado 157 votos contra 50, a favor de la planilla "Espíritu de Servicio", de Grado, contra la Planilla "Suma"
Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB
Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso
Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.
Quieren afiliar a todo GyC
A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.
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