Fiscalía de EU comparte pruebas que relacionan a Caro Quintero con asesinato del agente de la DEA, “Kiki” Camarena
6UuSjVvLa Fiscalía de los Estados Unidos entregó a la defensa del exlíder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, una carta donde indica que compartió las evidencias y pruebas relacionadas con el secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena ocurrido en febrero de 1985.6UuSjVv Omnia.com.mx
6UuSjVvDichas pruebas forman parte del proceso judicial contra Caro Quintero quien es acusado por la Corte Federal de Brooklyn de narcotráfico y crimen organizado.6UuSjVv Omnia.com.mx
6UuSjVvEl fiscal Joseph Nocella indicó a los abogados que el material es clasificado como un “descubrimiento sensible” y que incluyen grabaciones de audio del interrogatorio y tortura del agente de la DEA, “Kiki” Camarena y las conversaciones grabadas de que vinculan a Caro Quintero con actividades criminales.6UuSjVv Omnia.com.mx
6UuSjVv“Adjunto material adicional en conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales del Procedimiento Criminal. Por favor verificar que los materiales incluidos constituyen material de descubrimiento sensible y están gobernados por las estipulaciones y órdenes previamente impuestas por la corte”, destacó el funcionario estadounidense en la misiva.6UuSjVv Omnia.com.mx
Pena de muerte a Caro Quintero es una posibilidad
6UuSjVvLa pena de muerte para el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien tuvo una nueva audiencia en la Corte de Brooklyn, Nueva York el pasado 25 de junio, sigue siendo una posibilidad, según confirmó la Fiscalía de Estados Unidos.6UuSjVv Omnia.com.mx
6UuSjVvEl juez Frederick Block programó una nueva audiencia para el próximo 18 de septiembre para determinar si el gobierno de Estados Unidos buscará la pena de muerte para el líder y fundador del Cártel de Guadalajara.6UuSjVv Omnia.com.mx
6UuSjVvLa Fiscalía señaló que esa pena “sigue sobre la mesa” y que presentarán como pruebas grabaciones de los interrogatorios y tortura a la que fue sometido Enrique “Kiki” Camarena. 6UuSjVv Omnia.com.mx
Testigos protegidos señalan a Bartlett en el caso “Kiki” Camarena
6UuSjVvManuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalado por expolicías de Jalisco que están en EU como testigos del caso Camarena; sin embargo, el exfuncionario ha negado cualquier implicación en el asesinato del agente estadounidense. En 2021 dijo que dicha acusación era “una mentira, una falacia”.6UuSjVv Omnia.com.mx
6UuSjVvCrashoutmedia también menciona una publicación de 2021 realizada por Proceso que dio a conocer fragmentos de un expediente oficial del caso en el que testigos protegidos señalan a Manuel Bartlett como participante en reuniones con narcos antes y después de que dicho crimen se llevara a cabo.6UuSjVv Omnia.com.mx
6UuSjVv“Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos informaron que si el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, ingresara a ese país sería inmediatamente detenido para ser interrogado por el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena”, de acuerdo con una investigación de Proceso.6UuSjVv Omnia.com.mx
6UuSjVv“El señor Bartlett sabe que su nombre ha sido mencionado durante las décadas que lleva esta investigación en curso del caso Camarena y por eso tendría que declarar ante un Gran Jurado”, agregó otro funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos a ese mismo medio.6UuSjVv Omnia.com.mx
6UuSjVvEnrique Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, dos días después fue asesinado por expolicías judiciales que seguían las órdenes de un grupo de narcotraficantes encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, relacionados con autoridades federales y estatales, de acuerdo con el mismo medio.6UuSjVv Omnia.com.mx
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6UuSjVvCon información de: Animal político.6UuSjVv Omnia.com.mx
Tips al momento
Una opinión
Hay una reflexión y análisis que, se hace sobre un audio que circula entre grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.
Según destaca en este análisis, el audio señala que los retiros del fondo propio de Pensiones Civiles del Estado, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa institución.
La reflexión sobre ese audio que circula entre jubilados y pensionados del magisterio, un grupo con influencia que, dicen, logró poner a uno de los suyos en la actual dirigencia de la Sección 42, lo que les salió peor, es tan oportuno que merece ser difundido y la reproducción íntegra del mismo, que a continuación se presenta, con los créditos a quien corresponda:
Opinión: El miedo como estrategia: el fondo propio y la amenaza que no existe
En los últimos días ha comenzado a circular un audio anónimo en grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE). Aunque su autor no se identifica, su contenido reproduce de forma casi literal la narrativa promovida por algunos actores sindicales que hoy ocupan posiciones de poder. El mensaje busca generar temor entre quienes han decidido ejercer su derecho a recuperar el llamado “fondo propio”, insinuando que esta acción podría provocar el colapso del sistema.
En el audio se afirma que retirar el fondo propio “pone en riesgo Pensiones” y que, de continuar por ese camino, “se perderán todos los beneficios” que supuestamente se disfrutan como jubilados. Quien lo dice no se presenta como parte del comité, pero habla como si lo fuera. Quizá lo hace desde la ignorancia, repitiendo lo que ha escuchado; quizá desde la intención de confundir y asustar.
Lo cierto es que la estrategia es clara: convertir un acto de defensa legal en un supuesto acto de traición colectiva. Culpar a quienes exigen cuentas, mientras se protege a quienes llevan años sin rendirlas.
¿Quién sostiene Pensiones?
Una de las afirmaciones más preocupantes de este discurso es que Pensiones se sostiene gracias a los descuentos del fondo propio realizados a unos tres mil jubilados, es decir, a quienes se retiraron a partir de 2014. Este argumento es completamente insostenible si se considera que PCE cuenta con más de 95,000 afiliados entre activos y jubilados.
Si tres mil personas son las que sostienen todo, entonces el sistema ya está quebrado. No por culpa de los jubilados que exigen lo suyo, sino por quienes han permitido que más de 50 instituciones deudoras no paguen lo que deben. Ahí está el verdadero problema, y ahí debería estar también la indignación.
La legalidad del retiro
No es nuevo ni ilegal el retiro del fondo propio. Varios juicios se han ganado ya en tribunales por su carácter inconstitucional: se trata de un descuento unilateral, sin consulta y aplicado de forma desigual. Ante estos hechos, el abogado Lic. Mena —a quien falsamente se le ha vinculado con estas demandas— emitió un comunicado oficial en el que se deslinda de cualquier participación. Señaló que ni él ni su despacho tienen relación alguna con grupos como COSIGEN, y que su única acción jurídica ha sido contra la omisión legislativa del fondo de vivienda.
La desinformación, sin embargo, ha sido útil para ciertos sectores que buscan desviar la conversación. En lugar de hablar de auditorías, de recuperación de adeudos o de transparencia financiera, se opta por atacar al jubilado que ejerce su derecho.
El miedo como método
El mensaje anónimo no es un caso aislado. En los mismos días, en el grupo “2-DERECHOHABIENTES”, una participante llamada Lucy Robles sugirió “frenar a tiempo” las ideas que alientan a los jubilados a actuar, acusando a sus promotores de ser “redentores obsoletos”. La lógica es simple: quien cuestiona, quien propone, quien se defiende, representa una amenaza al orden de quienes se sienten cómodos en el poder.
Se pretende convencer a los jubilados de que pedir lo justo es desestabilizar; que exigir transparencia es egoísta; que actuar por cuenta propia es traicionar al colectivo. Pero nunca se habla de los millones que no se han cobrado a los entes deudores, de las decisiones negligentes que nos llevaron al deterioro actual, ni del silencio cómplice de los comités pasados y presentes.
Reflexión final
Cada quien debe tomar su decisión. Nadie está obligado a retirar el fondo propio, pero tampoco debe sentirse culpable quien lo haga. La defensa del patrimonio individual es legítima, sobre todo cuando el sistema que debía protegernos ha fallado una y otra vez.
Si yo estuviera en esa situación, sí elegiría recuperar mi dinero. La vida es corta. No estamos para despreciar recursos que legítimamente nos pertenecen. Lo que no haría es quedarme callado ante el miedo disfrazado de consejo, ni permitir que el discurso oficial me convenza de resignarme.
El problema de Pensiones no es quien se defiende.
El problema de Pensiones es quien calla, solapa y desvía.
POR PCE POR NUESTRA SALUD
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Una opinión
Hay una reflexión y análisis que, se hace sobre un audio que circula entre grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.
Según destaca en este análisis, el audio señala que los retiros del fondo propio de Pensiones Civiles del Estado, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa institución.
La reflexión sobre ese audio que circula entre jubilados y pensionados del magisterio, un grupo con influencia que, dicen, logró poner a uno de los suyos en la actual dirigencia de la Sección 42, lo que les salió peor, es tan oportuno que merece ser difundido y la reproducción íntegra del mismo, que a continuación se presenta, con los créditos a quien corresponda:
Opinión: El miedo como estrategia: el fondo propio y la amenaza que no existe
En los últimos días ha comenzado a circular un audio anónimo en grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE). Aunque su autor no se identifica, su contenido reproduce de forma casi literal la narrativa promovida por algunos actores sindicales que hoy ocupan posiciones de poder. El mensaje busca generar temor entre quienes han decidido ejercer su derecho a recuperar el llamado “fondo propio”, insinuando que esta acción podría provocar el colapso del sistema.
En el audio se afirma que retirar el fondo propio “pone en riesgo Pensiones” y que, de continuar por ese camino, “se perderán todos los beneficios” que supuestamente se disfrutan como jubilados. Quien lo dice no se presenta como parte del comité, pero habla como si lo fuera. Quizá lo hace desde la ignorancia, repitiendo lo que ha escuchado; quizá desde la intención de confundir y asustar.
Lo cierto es que la estrategia es clara: convertir un acto de defensa legal en un supuesto acto de traición colectiva. Culpar a quienes exigen cuentas, mientras se protege a quienes llevan años sin rendirlas.
¿Quién sostiene Pensiones?
Una de las afirmaciones más preocupantes de este discurso es que Pensiones se sostiene gracias a los descuentos del fondo propio realizados a unos tres mil jubilados, es decir, a quienes se retiraron a partir de 2014. Este argumento es completamente insostenible si se considera que PCE cuenta con más de 95,000 afiliados entre activos y jubilados.
Si tres mil personas son las que sostienen todo, entonces el sistema ya está quebrado. No por culpa de los jubilados que exigen lo suyo, sino por quienes han permitido que más de 50 instituciones deudoras no paguen lo que deben. Ahí está el verdadero problema, y ahí debería estar también la indignación.
La legalidad del retiro
No es nuevo ni ilegal el retiro del fondo propio. Varios juicios se han ganado ya en tribunales por su carácter inconstitucional: se trata de un descuento unilateral, sin consulta y aplicado de forma desigual. Ante estos hechos, el abogado Lic. Mena —a quien falsamente se le ha vinculado con estas demandas— emitió un comunicado oficial en el que se deslinda de cualquier participación. Señaló que ni él ni su despacho tienen relación alguna con grupos como COSIGEN, y que su única acción jurídica ha sido contra la omisión legislativa del fondo de vivienda.
La desinformación, sin embargo, ha sido útil para ciertos sectores que buscan desviar la conversación. En lugar de hablar de auditorías, de recuperación de adeudos o de transparencia financiera, se opta por atacar al jubilado que ejerce su derecho.
El miedo como método
El mensaje anónimo no es un caso aislado. En los mismos días, en el grupo “2-DERECHOHABIENTES”, una participante llamada Lucy Robles sugirió “frenar a tiempo” las ideas que alientan a los jubilados a actuar, acusando a sus promotores de ser “redentores obsoletos”. La lógica es simple: quien cuestiona, quien propone, quien se defiende, representa una amenaza al orden de quienes se sienten cómodos en el poder.
Se pretende convencer a los jubilados de que pedir lo justo es desestabilizar; que exigir transparencia es egoísta; que actuar por cuenta propia es traicionar al colectivo. Pero nunca se habla de los millones que no se han cobrado a los entes deudores, de las decisiones negligentes que nos llevaron al deterioro actual, ni del silencio cómplice de los comités pasados y presentes.
Reflexión final
Cada quien debe tomar su decisión. Nadie está obligado a retirar el fondo propio, pero tampoco debe sentirse culpable quien lo haga. La defensa del patrimonio individual es legítima, sobre todo cuando el sistema que debía protegernos ha fallado una y otra vez.
Si yo estuviera en esa situación, sí elegiría recuperar mi dinero. La vida es corta. No estamos para despreciar recursos que legítimamente nos pertenecen. Lo que no haría es quedarme callado ante el miedo disfrazado de consejo, ni permitir que el discurso oficial me convenza de resignarme.
El problema de Pensiones no es quien se defiende.
El problema de Pensiones es quien calla, solapa y desvía.
POR PCE POR NUESTRA SALUD
