Desapariciones: Para investigadora del Caso Ayotzinapa, México requiere tribunales como los de Colombia
BOGOTÁ (Proceso).- La exministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, sostiene que tribunales de justicia transicional como los utilizados en su país para juzgar los crímenes del conflicto armado interno pueden servir a México para enfrentar el fenómeno de los desaparecidos, emprender su búsqueda con la solidez de un marco judicial y dar con la ubicación de fosas comunes.
En entrevista con Proceso, la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó en México la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, explica que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido “fundamental” para buscar a los desaparecidos mediante testimonios de los perpetradores de esos crímenes.
Esos testimonios se traducen en medidas cautelares de carácter vinculante para proteger los derechos de las víctimas, quienes son el corazón de cualquier sistema de justicia transicional como la JEP, y para buscar a personas desaparecidas con todos los recursos del Estado.
La JEP es un tribunal de justicia transicional creado en Colombia como parte de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC en 2016.
El tema de las desapariciones es central en México y está en la mira de organismos internacionales. El pasado 24 de junio, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU determinó solicitar al Estado mexicano proporcionar, antes del 18 de septiembre de este año, toda la información disponible sobre la grave crisis de desapariciones en el país, incluso las forzadas.
Esto, con el propósito de evaluar la información y determinar si las desapariciones en México, que constituyen un fenómeno “sistemático y generalizado”, debe ser llevado, “con carácter urgente”, a la Asamblea General de la ONU, o si debe adoptar otras medidas.
La Cancillería mexicana rechazó en un comunicado que en el país no existan desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas y sostuvo que “cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable".
Mientras tanto, en el Senado mexicano avanza una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para responder a la crisis de desaparecidos mediante una reforma a la ley en materia. Colectivos de madres buscadoras rechazan esa iniciativa porque consideran que impone “un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas”.
Para Buitrago, la mejor manera de responder a la crisis de los desaparecidos es con instituciones eficientes que ubiquen a las personas desaparecidas y que garanticen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas.
De acuerdo con la exministra, la JEP puede ser un buen referente para México, aunque no el único.
Ese tribunal colombiano juzga a exguerrilleros, exparamilitares, agentes del Estado, policías y militares involucrados en crímenes de lesa humanidad, como desaparición forzosa, y tiene la facultad de dictar sentencias alternativas –como trabajo comunitario y acciones de reparación, en vez de cárcel–, a cambio de que aporten verdad sobre esos delitos.
“Estos testimonios de los perpetradores han permitido localizar fosas donde fueron enterrados clandestinamente un gran número de personas desaparecidos”, dice Buitrago, quien conoce el tema de las desapariciones en México pues fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó durante varios años la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La exministra colombiana de justicia, quien dejó el cargo en mayo último tras denunciar presiones de compañeros de gabinete para hacer nombramientos políticos en la entidad a su cargo, indica que México también puede adoptar un mecanismo de justicia transicional que le permita enfrentar el problema de la violencia que producen los grupos criminales.
Eso, mediante la creación de tribunales transicionales cuya labor sería juzgar a los criminales que comparezcan de manera voluntaria ante ellos a fin de confesar sus delitos y aportar verdad que satisfaga a las víctimas. Por ejemplo, podrían confesar su participación en desapariciones y señalar dónde están sus restos.
A cambio, estos criminales confesos recibirían penas alternativas que serían menores a las establecidas en la legislación penal y podrían incluir sentencias restaurativas, como involucrar a los culpables en la búsqueda de desaparecidos.
México y Colombia, problemas comunes
Buitrago afirma que el año pasado Colombia dio un paso muy importante para enfrentar el fenómeno de los desaparecidos al crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que tiene como propósito coordinar y articular el trabajo de todas las instituciones públicas, grupos de la sociedad civil y víctimas –como madres buscadoras– involucrados en esas tareas.
“La coordinación es fundamental –señala la ministra– porque toda la institucionalidad y la sociedad civil, los municipios, las fiscalías, las instancias judiciales y los mecanismos de justicia transicional deben caminar en una sola dirección”, indica.
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es conducido por la Unidad de Búsqueda de Personas, una institución del Ejecutivo que formuló un Plan Nacional de Búsqueda en el que intervienen todos los niveles de gobierno, todos los poderes del Estado y la sociedad civil.
Colombia tiene dos modelos de justicia transicional, el de la JEP, un tribunal que puede emitir sentencias restaurativas a cambio de verdad; y Justicia y Paz, un marco jurídico que fue creado para juzgar a unos 30 mil paramilitares que se desmovilizaron en 2003 y que, a cambio de confesar sus crímenes, recibieron penas de entre cinco y ocho años de prisión.
Buitrago considera que la experiencia colombiana con la justicia transicional ha sido exitosa para investigar, esclarecer y producir verdad sobre crímenes de lesa humanidad como masacres, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores, torturas, desplazamiento forzado y abusos sexuales.
Si se deja actuar -indica-, es un mecanismo que responde a los derechos de las víctimas, y que funciona, porque ha investigado muchas violaciones graves a los derechos humanos cometidas por paramilitares, guerrilleros, agentes del Estados y particulares, sobre las cuales no había claridad.
Dice que también se han presentado testimonios de perpetradores de crímenes que sólo buscaban obtener los beneficios ofrecidos por Justicia y Paz y la JEP, pero es ahí donde esos tribunales deben tener la solidez para actuar con base en criterios estrictos que produzcan verdad a las víctimas.
La JEP, por ejemplo, tiene acreditadas 354 mil víctimas que participan en los casos que lleva ese tribunal y que intervienen en las audiencias como parte interesada.
La ministra de Justicia señala que las realidades de México y Colombia tienen muchos rasgos en común, como altos índices de violencia, la presencia de grupos criminales muy poderosos y con altas rentas ilegales y el contubernio entre estos con las autoridades políticas.
Exhumaciones
Los mecanismos de justicia transicional fueron creados para superar situaciones extraordinarias en el mundo, como guerras civiles o fenómenos de violencia criminal, y tienen como característica que son temporales.
Estos tribunales adquirieron relevancia desde la firma del Estatuto de Roma, en 1998, el cual prohíbe a los países amnistiar a los autores de crímenes de lesa humanidad como la desaparición.
En el caso de la JEP, este tribunal comenzó a funcionar en 2017 y tiene una vigencia de 15 años.
Las confesiones de exguerrilleros de las FARC, exmilitares, exparamilitares, expolicías y particulares le han permitido a la JEP dar con el paradero de desaparecidos.
En sus siete años de funcionamiento, y con base en esos testimonios, los jueces de la JEP han dictado medidas cautelares para proteger sitios de interés forense donde presuntamente existen restos de personas desaparecidas.
Foto rancho Izaguirre, con una JEP México puede proteger sitios de interés forense
Buitrago explica que estas órdenes de protección responden a las confesiones de perpetradores de desapariciones y a necesidades expresadas por familiares de las víctimas a través de sus representantes jurídicos, quienes también han dado a conocer lugares donde puede haber desaparecidos.
Las medidas cautelares dictadas por la JEP han permitido avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia porque abarcan más de 80 sitios de interés forense en todo el territorio en los que se han exhumado mil 713 cuerpos hasta el mes de mayo de 2025.
En el marco de los casos de crímenes atroces que investiga y juzga, la JEP, ha registrado 110 mil 142 víctimas directas de desaparición forzada y 121 mil 128 víctimas indirectas (familiares, principalmente), y organiza labores de búsqueda de desaparecidos.
Según un informe de la JEP, de los cuerpos exhumados, 152 han sido identificados y 97 entregados dignamente a sus familias.
El magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, señala que estas son “acciones tempranas de restauración que contribuyen a reparar el daño causado y a garantizar los derechos de las víctimas”.
Explica que las medidas cautelares de ese tribunal son decisiones judiciales que sirven para proteger lugares, personas y documentos que pueden ser clave en las investigaciones.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, que hace tres años rindió un informe sobre el conflicto armado interno colombiano, entre 1985 y 2016 se registraron 121 mil 768 desapariciones de personas en el país, aunque esa cifra puede ser mayor por la presunción de que existe un subregistro.
En México, según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cifra de personas desaparecidas y no localizadas asciende a 128 mil 622 hasta este mes y 84% de estos casos han ocurrido entre 2007 y 2024, en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador.
En los primeros nueve meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum (octubre de 2024-mayo de 2025) se han registrado 10 mil 322 desapariciones, 38 cada día en promedio, una cada 37 minutos.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
“Destape” de Tony Meléndez para el 27 alcanza medios nacionales
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Destacándolo como “el vocalista de Conjunto Primavera”, medios como El Financiero hablan de su posible candidatura para la gubernatura del 2027, aunque el mismo Tony Meléndez ha mencionado en varias ocasiones que está concentrado en su trabajo como legislador.
Por cierto, en enero durante entrevista con Omnia Noticias, mencionó que de momento no aspiraba a alguna candidatura y que afortunadamente estaba ocupado en su labor en San Lázaro y su agenda musical…
Citlalli Hernández contra la apariencia de Calderón
En redes sociales circulan capturas de pantalla de presuntas publicaciones de Citlalli Hernández, actual Secretaria de las Mujeres en Morena, en las que se refería de manera despectiva a la apariencia física del expresidente Felipe Calderón.
Mientras la funcionaria ha denunciado públicamente ser víctima de "violencia digital", por presuntos ataques constantes hacia su propia integridad y aspecto físico.
Las imágenes, señalan los siguientes comentarios:
"#NuncaFalta el enano con ocurrencia de guerra", mencionando directamente la cuenta de Felipe Calderón.
"No sé qué me da cuando leo aún tweets a favor del enano ese...".
¿Pintas contra el SNTE?...
Ayer, frente a Palacio de Gobierno, un grupo de maestros decidió alzar la voz, no fue una protesta cualquiera pues las consignas apuntaron directamente contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente hacia las Secciones 8 y 42. Hay que recordar que estás dirigencias magisteriales están con Morena…
Las exigencias, aunque diversas, coincidían en un mismo hilo conductor el descontento con la representación sindical reclamos por decisiones internas, falta de respaldo y una creciente sensación de distancia entre las bases y sus dirigencias marcaron el tono de la manifestación…
Sin embargo, más allá de las consignas, hubo un elemento que llamó poderosamente la atención y es que en la Cruz de Clavos colocaron una lona con la imagen del Ángel, acompañada de pintas contra el SNTE que a simple vista, parecía una expresión más del enojo colectivo, sin embargo, se trató más de una edición…
Las pintas supuestamente contra el SNTE visibles correspondían a intervenciones realizadas durante el 8M, una fecha cargada de simbolismo por las manifestaciones feministas que año con año dejan huella en los espacios públicos, pero esta lona no mostraba pintas recientes contra el sindicato, sino una edición que reutilizaba un escenario previo para reforzar un mensaje distinto…
No dieron permiso vecinos para poner pintas
Reportan que vecinos de la colonia de la Junta de Los Ríos se han quejado de la pinta de bardas que se han realizado sin su consentimiento.
De acuerdo a la información, aparecieron este miércoles una serie de pintas con la leyenda #EsAndrea.
La molestia de los colonos deriva en que han señalado que estas leyendas, se pintaron sin preguntar y sin su consentimiento, por lo que ya analizan interponer quejas contra quienes resulten responsables.
Cabe señalar que estas pintas de bardas de #EsAndrea se ha relacionado con la promoción en favor de la senadora Andrea Chávez.
Arturo Grado dirigirá a los vecinos de Residencial San Francisco Country Club
Este miércoles se celebró la asamblea para elegir al nuevo comité directivo del Residencial San Francisco Country Club, uno de los fraccionamientos más importantes de la ciudad y en donde afloran las pasiones y todo en momentos pareciera tornarse una competencia politica.
En este caso, ganó la planilla encabezada por el abogado Arturo Grado, quién sucederá al Presidente saliente Arturo Flores, a quien sus vecinos le apodan.MacArthurHubo algo de polémica pero finalmente todo terminó en paz.
Arturo Grado fue muy conocido en su momento porque el abogado de Gloria Trevi y continúa dedicándose al litigio.
La asamblea empezó a las 17 horas y terminó casi a las 21 horas, con un resultado 157 votos contra 50, a favor de la planilla "Espíritu de Servicio", de Grado, contra la Planilla "Suma"
Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB
Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.
La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.
En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.
Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso
Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.
Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.
Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.
Quieren afiliar a todo GyC
A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.
De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de 93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.
Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.
Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.
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