La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó este día que, gracias a las recientes modificaciones a la ley, México contará con una Academia Nacional de Seguridad Pública, que unificará la formación de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía.
Esta academia formará a titulares de Secretarías de Seguridad y Fiscalías Estatales, altos mandos ministeriales, policiales y penitenciarios, así como a personal operativo especializado, según explicó.
La primera generación de esta academia estará integrada por agentes de investigación e inteligencia, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un primer grupo conformado por 250 aspirantes, que inicia su formación de 9 meses, el próximo 4 de agosto.
El proceso de admisión, dijo, ha sido riguroso a través de una convocatoria que se publicó el pasado 31 de marzo y a la fecha, más de 28 mil personas, todas con el requisito mínimo de contar con una licenciatura, han acudido a dicha convocatoria y a un proceso de reclutamiento, que incluye evaluaciones físicas, médicas, psicométricas, psicológicas, toxicológicas y poligráficas.
Este año ingresarán en total de mil jóvenes con vocación de servicio, que serán parte de una nueva generación de profesionales de la seguridad pública.
También en septiembre, iniciará primer curso particular de seguridad, para la formación de personal de las Secretarías de Seguridad, Fiscalías y altos mandos de estas instituciones, informó.
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Planchado en la SEGOB
Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027
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