Cárteles controlan con extorsión y violencia el sexoservicio en 70% del país

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Después de 37 años de vivir en peligro constante por atender a uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad, Elvira Madrid Romero sostiene que, como nunca, advierte un deterioro en el país por el control territorial del crimen organizado que tiene en jaque a las personas trabajadoras sexuales

“No sabe la angustia que es una llamada que te despierte a medianoche para escuchar voces de chicas que te piden auxilio porque ya las están golpeando o las tienen encañonadas, no da tiempo más que de tratar de hacer llamadas aquí y allá en busca de ayuda, pero ahora nadie nos escucha”, dice con lágrimas la fundadora hace tres décadas de Brigada Callejera Elisa Martínez.

Socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Madrid Romero es reconocida por dedicar gran parte de su vida en defender los derechos de las personas que ejercen de manera voluntaria el trabajo sexual, y en denunciar la trata en todo el país, colocándola en una posición vulnerable. 

En el contexto del XXVIII Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, realizado el 22 de julio, Elvira alerta sobre la extorsión a trabajadoras sexuales a través del llamado “cobro de derecho de piso” en 70% del territorio nacional, incluida la Ciudad de México, particularmente en las alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, así como en entidades como Chiapas, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo y Chihuahua, donde se han reportado agresiones, desapariciones, feminicidios y transfeminicidios atribuidos a miembros del crimen organizado.

Madrid Romero advierte en entrevista sobre la gravedad si se considera que en el país habría unas 800 mil personas dedicadas al trabajo sexual, de las cuales 15 mil 200 radican en la capital del país.

De acuerdo con las denuncias recabadas por la Red Mexicana de Trabajo Sexual, en promedio se les exige a las y los trabajadores sexuales entre 300 y 500 pesos semanales, montos que pueden incrementarse entre mil y tres mil pesos si hay retrasos en los pagos, además de sanciones que se traducen en golpizas o “tableadas”. 

“En estos últimos siete años hemos visto un retroceso, porque ahora ya ni siquiera podemos denunciar para que se integre una carpeta de investigación contra extorsionadores o realizar marchas para exhibir a policías y funcionarios públicos”, relata Madrid tras recordar que durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa  de Gobierno las integrantes de Brigada Callejera le solicitaron una reunión para exponer los abusos policiacos y la presencia del crimen organizado en las calles de la Ciudad de México.

“Claudia nunca nos quiso recibir, por eso decimos con firmeza que, con ella en la Presidencia, no llegamos todas, mucho menos las mujeres más pobres, las más jodidas de toda la vida, que son las trabajadoras sexuales”, apunta.

Resalta que desde 2019 ha sido víctima de amenazas de muerte en distintas entidades, siempre por presentar denuncias formales por trata de personas, por agresiones y extorsión. 

En 2019 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denunció junto con su compañero de vida Jaime Montejo (quien falleció en 2020 de covid-19 por falta de atención médica) a un funcionario municipal que era profesor de preparatoria, “que violaba a las chicas y las metía a trabajar contra su voluntad”, mientras que su hijo era agente del Ministerio Público, por lo que “nos querían dar chicharrón, y tuvimos varios atentados”. 

Colusión del MP con la Unión Tepito

En la Ciudad de México Elvira acompañó a finales del año pasado a una chica que había escapado de sus secuestradores que pertenecían a la Unión Tepito, y que la tenían a ella y a otras mujeres sometidas a trata en la alcaldía Cuauhtémoc. 

“Fuimos a poner la denuncia a la Fiscalía, teníamos pruebas de dónde tenían a las chicas encerradas, del modus operandi, pero después de poner la denuncia se comunican a mi celular y me dicen: ‘Hija de tu puta madre, retiras la carpeta de investigación o ya sabes cuáles son las consecuencias’. Yo le contesté que hicieran lo que tenían que hacer.

“Me respondieron, ‘¿no me crees?’, y me mandan la foto de la carpeta de investigación que acabábamos de abrir. ¿Quién sabía? La víctima, que ya estaba escondida porque su vida corría riesgo, nosotros y el MP. ¿Qué me quedó claro? Que el que les dio aviso fue el MP, que las autoridades están involucradas, a nosotros no nos quedó otra más que sacar a la víctima de aquí porque su vida corría peligro”, denuncia.

En Guadalajara, Jalisco, una semana antes del descubrimiento del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, al intentar interponer denuncias contra mujeres que se presentaban como intermediarias entre la delincuencia organizada y autoridades, para cobrar “derecho de piso” a las trabajadoras sexuales, Elvira y las denunciantes fueron intimidadas por funcionarios de la Fiscalía estatal. 

“Un MP de plano me dijo: ‘Mejor ya déjenlo ahí porque van a amanecer ustedes y sus familias muertas’. ¿Cómo puedes decir eso?  Una semana después se dio a conocer lo del rancho. Entonces dije, estos están más metidos hasta su puta madre”, sostiene. 

Elvira Madrid sostiene que para el crimen organizado las personas trabajadoras sexuales son “mercancía” que les reditúa dinero, “no sólo por el derecho de piso que les obligan a pagar sino porque son vistas como consumidoras, como distribuidoras de drogas  o como halconas; quienes por propia voluntad deciden  trabajar con los cárteles duran muy poco porque los criminales terminan matándolas”. 

La lucha "está perdida" en el norte

Para la defensora, los estados fronterizos con Estados Unidos de plano “están perdidos” al estar atrapados por la delincuencia organizada.

“Me da mucha tristeza porque ya no podemos ir al norte, compañeras de  Chihuahua y Tijuana nos han buscado desesperadas para que vayamos a apoyarlas porque hay un problema muy fuerte de trata, pero en enero desistimos porque ya hay mucha gente sobre nosotros”, lamenta Elvira Madrid tras informar que en Chihuahua hay 25 trabajadoras sexuales desaparecidas.

Apunta que el deterioro de las ciudades fronterizas fue registrado por la Red Mexicana de Trabajo Sexual en 2018, “cuando se desató la crisis de migración y denunciamos desde entonces que el crimen organizado estaba trayendo jovencitas de Nicaragua, Venezuela, que los cárteles locales se estaban aliando con los tratantes de Colombia, de Chile y Ecuador, y hablamos de todos los cárteles, lo que queda de Los Zetas, que siguen operando, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa. 

“Aquí en la Ciudad de México están operando el Tren de Aragua, que ya ha desplazado en muchas zonas a los cárteles locales, y que cuentan con el apoyo de policías que patrullan las zonas operadas por ellos, como Puente de Alvarado a una cuadra de la alcaldía, para que las chicas no huyan; a las chicas las tienen amenazadas o las controlan con drogas”, denuncia. 

Acusa que otra de la modalidad en la que opera la delincuencia organizada es limpiando territorios con fines de gentrificación.

“Hay ciudades como Tapachula, en las que se han establecido zonas de tolerancia, en las que los gobiernos municipales permiten o promueven que sea la delincuencia organizada la que las controle; o bien hay otras ciudades como en Cancún donde incluso se sabe que mataron a dueños de hoteles para tomar posesión de los edificios y cobrarles a las chicas; supimos de un caso de chicas que decidieron rentar un departamento, para evitar al crimen organizado, quemaron el departamento con las chicas dentro vivas”, asegura. 

Radiografía del acoso a trabajadoras sexuales

Durante el XXVIII Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, se dieron a conocer las denuncias de abusos contra trabajadoras de Guadalajara, Orizaba, Chihuahua, Ciudad de México y Tapachula. 

De Orizaba contaron que desde la llegada de Cuitláhuac García al gobierno de Veracruz, a todas las trabajadoras sexuales se les cobra derecho de piso en tanto que creció la trata, sobre todo migrantes cemtroamericanas y sudamericanas. 

Maricruz, activista de la Red Mexicana y promotora de salud, contó que debido al control que tiene la delincuencia organizada de las calles, se les ha impedido brindar asesoría a las trabajadoras sexuales o repartir preservativos. 

De Tapachula, Maribel, integrante de la organización contó que en la frontera sur se sumaron al trabajo sexual mujeres de Cuba, Haití y Venezuela, a las que se les cobraba derecho de piso y se les amenazaba con denunciarlas ante el Instituto Nacional de Migración (INM). 

Catalina, activista del colectivo Mujer de Piedra, de Chihuahua, denunció la colusión entre autoridades y crimen organizado en el cobro de piso a trabajadoras sexuales, algunas de ellas severamente golpeadas al negarse al pago. 

Berenice Rico, de Guadalajara, denunció que dos mujeres que dicen trabajar para los dueños de la plaza que comprende el Parque Morelos, extorsionan al resto de las trabajadoras, y a quienes se niegan a pagar, se les golpea o se llama a integrantes el crimen para que las “tableen” o llaman a policías para que detengan a las rebeldes.

Sandra, de la Ciudad de México, denunció haber sido encañonada por defender su punto de trabajo y oponerse al pago de piso que le exigían otras trabajadoras sexuales que se adscribieron con representantes de la delincuencia organizada que tiene presencia en esa zona, situación que se repite en el oriente de la capital del país, donde quienes se niegan a pagar son “tremendamente golpeadas”. 

Denuncia contra policías de la CDMX

En el encuentro también se denunció la corrupción de autoridades policiales, sobre todo del primer cuadro de la Ciudad de México, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha criminalizado a las personas trabajadoras sexuales que se han negado a que ellas o sus clientes sean extorsionados.

Así en 2024 y en lo que va de 2025 a 65 trabajadoras sexuales se les han fincado cargos de resistencia de particulares o se les fabrica delitos como robo, poniéndolas a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México, en tanto que 85 más se les intentó abrir carpetas de investigación cuando pretendían organizarse contra el derecho de piso.

Elvira Madrid reconoce que describir los abusos de que son víctimas las personas trabajadoras sexuales las coloca en un riesgo adicional, que las integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual han decido correr en busca de que se les voltee a ver. 

Sabemos que todo lo que se ha dicho en el Encuentro puede tener consecuencias, pero lo hacemos porque ya estamos hartas, hemos denunciado lo que ocurre en la Ciudad de México y el país, nuestras oficinas están a unas cuadras de Palacio Nacional, y no pasa nada, no se nos quiere escuchar.

“Antes organizabas una marcha, buscabas algún funcionario para pedir ayuda, pero ahora no veo por dónde, y aunque digan que son de izquierda, que digan que están en favor del pueblo, lo cierto es que estamos muy cerca del Zócalo y nade nos escucha”, sentencia Elvira Madrid. 

Con información de proceso.com.mx