Van contra narcopolíticos: los capos que EUA ya tiene de su lado
El gobierno de Estados Unidos ha ejercido una fuerte presión sobre México para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio, particularmente el fentanilo.
Una de sus principales estrategias ha sido la captura y extradición de líderes del narcotráfico mexicano, quienes una vez bajo custodia se convierten en piezas clave para avanzar en investigaciones de mayor alcance.
En varios de estos casos, los capos han aceptado acuerdos de culpabilidad que les permiten obtener sentencias reducidas a cambio de brindar información a las autoridades estadounidenses.
El caso más reciente es el de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, quien se declarará culpable el próximo 25 de agosto, de cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York.
Su decisión, tras décadas prófugo, fue interpretada como un cambio de estrategia: evitar un juicio público y la pena de muerte.
Según DW, Zambada llegó a Estados Unidos en 2024 en circunstancias aún poco claras, tras un vuelo en el que también viajaba Joaquín Guzmán López.
Este tipo de colaboración abre la posibilidad de que se revelen vínculos entre el crimen organizado y figuras políticas en México.
El periodista Arturo Ángel advirtió en su cuenta de X (antes Twitter) que estas colaboraciones no eran buenas noticias para políticos de México.
“No sé si ya se dimensionó en México que Estados Unidos está convirtiendo en testigos colaboradores a El Mayo y 2 de los 4 Chapitos. O sea a la mayor parte del liderazgo del Cartel de Sinaloa. Es una mina de oro en información. Y no muy buenas noticias para políticos en México”.
Pero Zambada no es el único que ha decidido colaborar con las autoridades, al menos otros narcotraficantes ya concretaron acuerdos.
Ovidio Guzmán
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023. En julio de 2025 se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico en Chicago.
De acuerdo con un documento judicial citado por El País, su cooperación incluye “el suministro de información completa y veraz en cualquier investigación y en cualquier procedimiento penal, civil o administrativo”.
El acuerdo también lo compromete a testificar en casos que puedan involucrar a integrantes del Cártel de Sinaloa o políticos vinculados con la organización criminal.
Joaquín Guzmán López
Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, también enfrenta cargos en Illinois. Su audiencia fue pospuesta para septiembre de 2025, lo que ha generado especulación sobre un posible acuerdo con la fiscalía estadounidense.
De confirmarse, dos de los hijos de “El Chapo” podrían convertirse en testigos claves contra políticos mexicanos y antiguos aliados del cártel.
Rafael Caro Quintero
El fundador del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, fue extraditado a Estados Unidos en 2025 y enfrenta cargos por narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
Aunque aún no hay un acuerdo confirmado, analistas señalan que la fiscalía estadounidense dejó abierta la posibilidad al no buscar la pena de muerte en su contra.
Otros testigos: “Mini Lic” y “El Viceroy”
Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, se entregó a las autoridades de Estados Unidos en 2017 y en mayo de 2025 se declaró culpable de tráfico de drogas.
Su cooperación lo convirtió en testigo colaborador tras haber sido uno de los líderes de una facción del Cártel de Sinaloa.
Por su parte, Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez, negocia un acuerdo que podría librarlo de cadena perpetua.
Una jueza federal en Nueva York le dio un plazo para concretar su declaración de culpabilidad antes de septiembre de 2025.
Los narcos que ya hundieron a políticos
No es la primera vez que testimonios de capos terminan en condenas contra políticos mexicanos.
El caso más emblemático es el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública declarado culpable en Nueva York en 2023 gracias a los testimonios de testigos como Jesús “El Rey” Zambada y Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”.
En el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019, figuras como Dámaso López Núñez, los hermanos Cifuentes y los gemelos Flores revelaron detalles sobre la red de corrupción y protección política que permitió al cártel operar durante décadas.
Frente abierto contra narcopolíticos
La colaboración de capos como Ovidio Guzmán y “El Mayo” Zambada representa una amenaza directa para políticos mexicanos que en algún momento tuvieron nexos con el narcotráfico.
Estados Unidos parece decidido a usar esta estrategia para ampliar sus casos más allá de los narcotraficantes y apuntar hacia funcionarios que, según testimonios previos, recibieron sobornos o brindaron protección institucional.
El desenlace de estos acuerdos podría marcar un nuevo capítulo en la relación bilateral: uno en el que la justicia estadounidense intente arrastrar a los llamados narcopolíticos al banquillo de los acusados.
Con información de: Político.mx
Tips al momento
Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp
La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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