Corte Suprema evaluará rápidamente si Trump tiene potestad para imponer aranceles generalizados
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema concedió el martes una audiencia inusualmente rápida sobre los aranceles generalizados impuestos por el presidente Donald Trump, colocando una política clave de su agenda económica directamente ante el máximo tribunal del país.
Los jueces escucharán el caso en noviembre, un calendario extremadamente rápido según los estándares típicos de la Corte Suprema, y emitirán un fallo en algún momento después. Los aranceles permanecerán en vigor mientras tanto.
El tribunal acordó abordar una apelación del gobierno de Trump después de que tribunales inferiores determinaron que la mayoría de sus aranceles eran ilegales.
Las pequeñas empresas y los estados que impugnaron los aranceles ante la corte también aceptaron el calendario acelerado. Afirman que los gravámenes a importaciones procedentes de casi todos los países del mundo decretados por Trump casi llevaron a sus negocios a la quiebra. “El Congreso, no el presidente por su cuenta, tiene el poder de imponer aranceles”, dijo el abogado Jeffrey Schwab, del Liberty Justice Center.
Dos tribunales inferiores han coincidido en que Trump no tenía potestad para imponer todos los aranceles en virtud de una ley de poderes de emergencia, aunque un tribunal de apelaciones dividido los mantuvo.
El gobierno de Trump pidió a los jueces que intervinieran rápidamente, alegando que la ley le otorga el poder de regular las importaciones y que anular los aranceles pondría al país al "borde de una catástrofe económica".
El caso se presentará ante una corte que ha sido reacia a controlar el uso extraordinario del poder ejecutivo por parte de Trump. Una de las grandes dudas es si la propia visión expansiva de la autoridad presidencial por parte de los magistrados permite los aranceles de Trump sin la aprobación explícita del Congreso, al cual la Constitución otorga el poder de imponerlos. Tres de los jueces en la corte de mayoría conservadora fueron nominados por Trump en su primer mandato.
Aunque los aranceles y su errática implementación han generado temores a un alza de los precios y una ralentización del crecimiento económico, Trump también los ha utilizado para presionar a otros países a aceptar nuevos acuerdos comerciales. Los ingresos por aranceles alcanzaron los 159.000 millones de dólares a finales de agosto, más del doble del año anterior.
El procurador general, D. John Sauer, ha argumentado que las decisiones de los tribunales inferiores ya afectan a esas negociaciones comerciales. Si se anulan los aranceles, el Tesoro de Estados Unidos podría verse afectado al tener que reembolsar algunos de los impuestos de importación ya recaudados, según funcionarios de la Casa Blanca. Un fallo en su contra podría afectar incluso a la capacidad del país para reducir el flujo de fentanilo y los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, añadió Sauer.
La Casa Blanca logró convencer a cuatro jueces del tribunal de apelaciones que encontraron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, o IEEPA, permite al presidente regular la importación durante emergencias sin limitaciones explícitas. En las últimas décadas, el Congreso ha cedido parte de la autoridad arancelaria al presidente y Trump ha aprovechado al máximo el vacío de poder.
El caso se refiere a dos tipos de impuestos de importación, ambos justificados por Trump al declarar una emergencia nacional: los aranceles anunciados por primera vez en abril y los de febrero sobre importaciones de Canadá, China y México.
No incluye sus gravámenes sobre acero, aluminio y automóviles extranjeros, ni los impuestos a China en su primer mandato, que el expresidente demócrata Joe Biden mantuvo.
Trump puede imponer aranceles en virtud de otras leyes, pero estas tienen más limitaciones sobre la rapidez y la severidad con la que podría actuar.
Con información de Proceso.
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