Organizaciones refuerzan exigencia de sacar al aborto de códigos penales; entregan nueva iniciativa al Congreso de la Unión

Por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión está obligado a reformar el Código Penal federal en materia de aborto, pero no lo ha hecho. Con una nueva iniciativa, la sociedad civil refuerza la exigencia de que ese servicio de salud salga de manera definitiva de todos los códigos penales.

Con la exigencia de eliminar definitivamente el delito de aborto de los códigos penales de todo el país, y luego de entregar esta semana una nueva iniciativa al Congreso de la Unión para derogarlo en la norma federal, activistas y organizaciones de la sociedad civil celebrarán los avances y recordarán las agendas pendientes este domingo durante el 28S, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. 

Ante un panorama en el que 24 entidades en México han despenalizado parcialmente —la mayoría hasta la semana 12 y en el caso de Aguascalientes hasta la seis—, pero en los últimos 10 años se han abierto más de 7 mil carpetas de investigación por el delito de aborto en toda la República, las agrupaciones consideran fundamental que este sea regulado como cualquier otro servicio de salud y quede fuera de los códigos penales. 

Por ello, Católicas por el derecho a decidir, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, la Red por los Derechos Sociales y Reproductivos en México, el Fondo María de la organización Balance e Ipas Latinoamérica y el Caribe entregaron esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal federal. 

En el documento, se propone conservar en el título decimonoveno, concerniente a los delitos contra la vida y la integridad corporal, únicamente la penalización al aborto no consentido y forzado, que quedaría definido como la interrupción de un embarazo en cualquier momento del proceso de la gestación sin el consentimiento de la mujer embarazada o persona gestante.

“Se considerará aborto forzado cuando, además de la ausencia de consentimiento, la interrupción del embarazo se procure mediante el empleo de violencia física o moral en contra de la mujer embarazada o persona gestante”, añade la propuesta.

Además, la iniciativa plantea que, en el artículo 330, se incremente la pena de tres a seis años de prisión –hasta ahora de uno a tres– para quienes hagan abortar, en contra de su voluntad, a una mujer o persona gestante sin su consentimiento, con una pena aumentada a entre seis y ocho años si para hacerlo emplean violencia física o moral, así como la suspensión del ejercicio de la profesión cuando se trata de médicos, cirujanos, comadronas o parteras.

En tanto, proponen derogar por completo los artículos 332, 333 y 334 del Código Penal federal, que en el texto vigente penalizan con hasta cinco años de prisión a las mujeres que voluntariamente procuren su aborto o consientan a él, y establecen excepciones solo en caso de imprudencia de la mujer, violación o peligro de muerte. 

Antes, en el Congreso de la Unión quedó congelada una iniciativa que proponía modificar esa norma federal, así como la Ley General de Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta fue presentada a raíz de la resolución de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional penalizar el aborto. En 2023, el máximo tribunal ordenó al Congreso legislar al respecto. 

Aunque incluso si se llevarán a cabo estas reformas a la normativa federal, las entidades de la República aún tendrían que hacer lo mismo cada una en su propio código penal local —el aborto se persigue como delito en el fuero común—, aprobarlas representaría una postura importante desde la Federación. 

Además, especialistas y legisladoras han señalado que es fundamental que la despenalización y la regulación como un servicio de salud impacte a los servicios federales, es decir, IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, pues regularmente en los estados que han despenalizado solo se otorga el servicio en las instalaciones de salud estatales.

¿Por qué sacar el aborto de los códigos penales?

En México, 14 entidades han despenalizado el aborto parcialmente —la mayoría hasta las 12 semanas— por la vía legislativa, y el congreso de Aguascalientes las redujo a seis a menos de un año de haber despenalizado, mientras que 10 entidades lo han hecho a partir de una resolución emitida por el poder judicial. 

Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Durango y Morelos son los estados que todavía no han despenalizado, los últimos dos incluso pese a que ya existe una orden judicial para hacerlo, igual que en el caso de la Federación. 

Aidé García, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, explica en entrevista que la nueva iniciativa fue recibida en la Cámara de Diputados por la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, Anaid Burgos, quien propuso establecer una ruta de trabajo para su avance. Sin embargo, los presidentes de las comisiones de Justicia y de Salud se han opuesto al tema, e incluso no han sesionado sobre las iniciativas presentadas con anterioridad. 

Foto: Católicas por el Derecho a Decidir

“Se necesita mucha voluntad política y sensibilidad al tema, y un marco de estado laico, porque me parece que las cuestiones morales y religiosas no pueden seguir interfiriendo en el desarrollo de iniciativas que garantizan los derechos sexuales y reproductivos, y el acceso al aborto libre y seguro; tenemos que hacer un gran trabajo de sensibilizar a las diputadas y los diputados para que puedan transitar estas leyes, pero el recibimiento de la iniciativa fue positivo”, puntualiza.

García añade que las narrativas que criminalizan el aborto no están ayudando al reconocimiento y avance de los derechos. La organización presentó el miércoles la campaña “El aborto es un hecho, y decidir nuestro derecho”, mediante la que buscan subrayar que ese servicio de salud ya está despenalizado en más de la mitad de los estados del país, mientras que cuando es producto de una violación es legal en toda la República, de acuerdo con la NOM-046.

“Estamos buscando que el tema de los derechos sexuales y reproductivos, la justicia social y reproductiva estén colocadas y sean una de las partes importantes en el ámbito de los servicios de salud de manera integral; entonces, la discusión no es moral, no es si es un pecado, la discusión es de salud pública y de derechos humanos, democracia y justicia social, y esos son los lemas que la presidenta (Claudia Sheinbaum) ha retomado”, recuerda la directora de Católicas por el Derecho a Decidir.

Por lo mismo, espera que el Poder Ejecutivo también tenga una voz positiva, con un mensaje claro y como un actor importante para ayudar a que estas leyes y narrativas a favor de los derechos avancen de una manera que permita dialogar para reconocerlos y aprobar diversas leyes, así como la iniciativa presentada esta semana por las organizaciones. 

Sin embargo, Sheinbaum se ha referido pocas veces al tema, y solo para decir que la Suprema Corte de Justicia ya resolvió, sin abundar en los pendientes del congreso federal y los locales, si bien en su momento reprobó e instruyó, a través de la Secretaría de las Mujeres, atender el caso de Esmeralda, criminalizada en Querétaro por un aborto espontáneo a los 14 años de edad.

“La presidenta ha mencionado mucho que es tiempo de mujeres, los avances sobre la agenda de los derechos de las mujeres son importantes, parte de las prioridades de este gobierno; incluso, en los 100 puntos que propuso al inicio de su mandato los derechos sexuales y reproductivos están incluidos, la salud integral está incluida, y estamos confiadas de que va a tener una posición positiva sobre este tema”, dice García. 

Marisol Escudero, de la organización Ipas, subraya que este 28S es importante recordar las deudas pendientes en la agenda política y legislativa en México a favor de la despenalización total del aborto, la principal eliminarlo de todas las legislaciones penales a nivel local y federal, para que sea regulado como lo que es, un servicio de salud sexual y reproductiva esencial.

Cuando se regula en normas penales, explica, por una parte, se estigmatiza un servicio que puede requerir cualquier mujer o persona gestante en cualquier momento de su vida reproductiva, y, por otro lado, genera un sistema de criminalización o penalización ante el ejercicio del derecho a la salud, especialmente para personas en situaciones vulnerables. 

“Mantener el aborto en las leyes penales siempre va a activar o va a mantener un riesgo, o una alerta, ante la posible comisión de un delito cuando una persona requiera acceder a un servicio de atención relacionado con el aborto, por ejemplo la atención postaborto o casos de emergencia obstétrica”, puntualiza. 

Foto: Católicas por el Derecho a Decidir

Si bien en diversos espacios se ha mencionado el compromiso de la presidenta Sheinbaum hacia los derechos de las mujeres, a Ipas, remarca, le parece importante que se tomen acciones contundentes para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a decidir, y una de ellas —la más inmediata— es eliminar el aborto del Código Penal federal.  

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Las organizaciones recuerdan que derogar el aborto voluntario de esa norma facilitaría el acceso para quienes decidan interrumpir su embarazo, y brindaría mayor certeza al personal de salud. Regularlo en las normas de salud equivale a garantizar una atención oportuna, de calidad, respetuosa, sin discriminación, basada en evidencia científica y libre de estigmas, además de ser indispensable para que mujeres y personas gestantes dejen de enfrentar procesos penales.

Eliminar el delito es reconocer que la libertad de las mujeres no es un crimen, que podemos ejercer el derecho a la salud y construir un proyecto de vida propio, además de representar un paso crucial hacia la despenalización social, para que quienes abortan, acompañan o brindan el servicio dejen de ser vistas como criminales, y para que las niñas tengan derecho a decidir su destino, recuerda la agrupación Mujeres Vivas, Mujeres Libres. 

El 6 de septiembre de 2023 la Suprema Corte resolvió el amparo en revisión 267/2023, al reiterar que la criminalización absoluta del aborto viola los derechos humanos de mujeres y personas gestantes, por lo que declaró inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal Federal y ordenó al Congreso reformarlo.