Grupos del crimen organizado están relacionados con 24 masacres en lo que va del año en Haití, reportan organizaciones

Las bandas armadas perpetraron 24 masacres y ataques armados en el departamento de Artibonite, al norte de la capital haitiana, entre enero y septiembre de este año.

Algunos ejecutados de forma simultánea en varias zonas, causando enormes pérdidas humanas y materiales, además de numerosos heridos por disparos y armas blancas, según un informe publicado este sábado por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).

Decenas de personas han sido asesinadas en dicho departamento, de las cuales la RNDDH ha contabilizado 84, lo que supone una media de tres personas por episodio de violencia y una media de tres asesinadas al mes durante los primeros nueve meses del año en Artibonite.

En un contexto de crisis y violencia en este empobrecido país caribeño, donde unas 4 mil 239 personas fueron ultimadas en los primeros ocho meses de este año de acuerdo con datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Entre las víctimas de esta región se encuentran cuatro agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH) y dos agentes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MMAS), precisó el informe de la RNDDH.

Además, seis instituciones estatales, entre ellas tres comisarías, una subcomisaría y dos tribunales de paz, fueron vandalizadas o incendiadas.

En 2022, las incursiones perpetradas por bandidos armados en el departamento de Artibonite fueron esporádicas, sin embargo, se intensificaron en 2025, subrayó la RNDDH, recordando que desde 2018 la población haitiana se enfrenta a una inseguridad generalizada y persistente, con consecuencias humanas y sociales desastrosas.

Esta inseguridad, que ha devastado el departamento del oeste, con la complicidad de las autoridades estatales y judiciales, se ha extendido a los departamentos del Centro y Artibonite, donde se ha instalado, afirmó la ONG.

Y, con ocho ataques armados, la comuna de Petite-Rivière de l'Artibonite "es la más codiciada por los bandidos armados y, por lo tanto, su población está más expuesta a actos que atentan contra la vida y la propiedad", apuntó el informe de la RNDDH.

"La policía del departamento, que carece de recursos humanos y materiales, se ve desbordada por la situación, a pesar del refuerzo muy relativo de su plantilla en algunas zonas con unidades especializadas", prosiguió el informe.

Así, desde hace algún tiempo, el departamento de Artibonite, antes considerado el granero agrícola de Haití, es uno de los epicentros de la violencia armada en el país.

Las autoridades estatales, policiales y judiciales no hacen nada para resolver esta situación, "esta empeorará y la violencia armada seguirá extendiéndose a otros departamentos geográficos del país", advirtió el RNDDH.

En relación con esta situación, el RNDDH exigió a las autoridades estatales que adopten medidas inmediatas para proteger a la población de Artibonite y les recomienda que proporcionen a la institución policial los recursos necesarios para recuperar el control de todo el territorio de dicho departamento.

Asimismo, esa ONG recomienda restablecer las condiciones mínimas de seguridad en el departamento de Artibonite, con el fin de facilitar el regreso de las personas desplazadas y permitirles dedicarse a sus ocupaciones.

A la vez, proporcionar, en función de sus necesidades médicas, financieras y psicológicas, asistencia a las víctimas y a los familiares de las víctimas de los actos que atentan contra la vida y la propiedad registrados en el departamento de Artibonite entre enero y septiembre de 2025.

Por último, exigió que se ponga a disposición de las fuerzas del orden el importe total de los gastos de inteligencia para que puedan investigar las actividades de las bandas armadas en el territorio nacional y evitar que todo el país caiga bajo el yugo de las pandillas. Latinus

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III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;

IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;

V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.

VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

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