Desde el Congreso buscamos el fortalecimiento de los municipios: Jorge Soto
Capacitan a los 67 municipios en materia de tablas de valores para fortalecer la autonomía financiera de Chihuahua: Jorge Soto_
Chihuahua, Chih.- El diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión de Programación, Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, informó que se está llevando a cabo un programa de capacitación para los directores de Catastro de los 67 municipios de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en la elaboración y presentación de las tablas de valores catastrales, elemento clave para la integración de las leyes de ingresos municipales.
Soto explicó que estas acciones buscan facilitar el trabajo técnico y administrativo de los municipios y del propio Congreso, haciendo más eficiente y certero el proceso de aprobación de las leyes de ingresos.
“Las tablas de valores son una parte esencial en las leyes de ingresos, porque son la base del cobro de impuestos como el predial. Estamos capacitándolos en una nueva forma estandarizada para presentar sus tablas de valores ante el Congreso del Estado, con el fin de ser más eficientes, veloces y precisos”, detalló el legislador.
El diputado destacó que Chihuahua se mantiene como uno de los estados con mayor autonomía financiera del país, al depender en menor medida de las participaciones federales.
“La autonomía financiera del Estado y de sus municipios ronda entre el 45 y 46 por ciento, sólo superada por la Ciudad de México. Pero con una diferencia importante: allá el gobierno central recauda el predial de todas las alcaldías, mientras que en Chihuahua cada municipio tiene la responsabilidad de hacerlo por separado”, puntualizó Soto.
Finalmente, subrayó que una mejor recaudación local se traduce en más y mejores servicios públicos para los chihuahuenses, recordando que todos los municipios están obligados a presentar sus tablas de valores y su ley de ingresos ante el Congreso.
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La incongruencia de Cruz con la Torre Centinela
Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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