Salud Estatal debe más de mil millones a proveedores; evidencia diputada Argüelles
- Tiene un presupuesto de 6 mil millones, debe una sexta parte y privilegia adjudicaciones directas sobre licitaciones públicas
La diputada Jael Argüelles Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, evidenció ante el Congreso del Estado la crisis financiera y la falta de transparencia que imperan en el sistema estatal de salud, al revelar que Servicios de Salud de Chihuahua mantiene una deuda superior a los mil millones de pesos con proveedores, a pesar de contar con un presupuesto anual de seis mil millones.
“Es inconcebible que una institución con ese presupuesto deba más de una sexta parte de su gasto anual. Esto demuestra no solo una mala planeación financiera, sino también una gestión ineficiente y posiblemente corrupta de los recursos destinados a la salud de las y los chihuahuenses”, denunció la legisladora.
La congresista presentó datos que revelan un patrón sistemático de adjudicaciones directas, evitando los procesos de licitación pública que garantizan mejores precios y mayor competencia:
* Servicios de Salud ha realizado solo dos licitaciones públicas y 18 adjudicaciones directas desde 2021.
* ICHISAL no ha llevado a cabo ninguna licitación pública para medicamentos en el mismo periodo, pero sí ha ejecutado 422 adjudicaciones directas, por montos que van de los 50 mil pesos a casi un millón.
* En total, durante la administración actual, se han efectuado 1,464 adjudicaciones directas frente a apenas 75 licitaciones públicas, lo que representa solo un 5% de compras abiertas.
“Esta práctica refleja opacidad, ineficiencia y una evidente preferencia por beneficiar a ciertos proveedores sin competencia ni control. Es la antítesis de un manejo responsable de los recursos públicos”, enfatizó.
Argüelles Díaz añadió que el pasivo de más de 1,200 millones de pesos —30 millones más que en diciembre de 2024— ha provocado que varios proveedores se nieguen a seguir vendiendo al Estado, lo que agrava el desabasto de medicamentos en hospitales y centros de salud.
También cuestionó que la Secretaría de Salud reporte no haber realizado ninguna contratación entre 2021 y 2025, cuando su propio presupuesto contempla gastos por más de un millón de pesos en suministros médicos y farmacéuticos.
“La Secretaría reporta cero contrataciones, pero el dinero sí se ejerce. ¿Dónde está? ¿A quién se le está pagando? No puede haber transparencia si los números oficiales se contradicen con la realidad de los hospitales”, subrayó.
Asimismo, recordó que el presupuesto total de las tres entidades del sector salud estatal —Secretaría de Salud, Servicios de Salud e ICHISAL— asciende a más de ocho mil quinientos millones de pesos, por lo que exigió una rendición de cuentas inmediata.
Para finalizar, la diputada presentó una moción para que la Gobernadora y la Secretaría de Salud rindan cuentas sobre la compra de medicamentos e insumos financiados con recursos federales para personas sin seguridad social, proponiendo mecanismos claros de transparencia en las contrataciones de Servicios de Salud e ICHISAL.
“No vamos a permitir que la opacidad siga siendo la regla. Si el Congreso no quiere exigir cuentas, lo haremos por otras vías. La corrupción en Salud Estatal, solapada desde Palacio de Gobierno, debe terminar”, concluyó.
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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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