Piden que el uso doméstico y público urbano del agua no sea restringido en ninguna circunstancia
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) promueve una iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, para establecer que “no podrá ser restringido en su totalidad, en ninguna circunstancia”, el uso doméstico y público urbano del agua.
Precisa que “los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México, conforme a su marco normativo, necesidades y prioridades, deberán garantizar el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y este no podrá ser restringido en su totalidad en ninguna circunstancia”.
La propuesta de reforma a la fracción XXII del artículo 14 Bis 5, y el artículo 15, turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, advierte que la situación es crítica y requiere atención urgente para garantizar que todos los habitantes tengan acceso a este recurso, acompañado de políticas de protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible.
Considera que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos, por lo que el vital líquido debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no solo como un bien económico.
Argumenta que la escasez de agua y la contaminación representan desafíos significativos en muchas partes del mundo, lo que pone en riesgo este derecho y afecta a millones de personas, de ahí que es fundamental que los gobiernos y las instituciones trabajen para garantizar el acceso equitativo, protegiendo y promoviendo su uso sostenible.
La diputada Aguilar Gil destaca que el derecho al agua implica que todas las personas deben tener acceso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, como salud, higiene y alimentación; este recurso natural es indispensable para prevenir enfermedades y garantizar una vida digna.
Además, menciona, es vital para la agricultura, la producción de alimentos y el desarrollo de comunidades sostenibles. Por ello, recalca que se tiene la obligación de legislar para defender este derecho y el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, para que no sean atropellados por autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.
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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp
La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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