Proyecto de Ley de Aguas Nacionales de la 4T “es un lobo con piel de oveja”: Elena Burns
GUADALAJARA, Jal., (apro) .- El proyecto de la Ley General de Aguas (LGA) planteado por el Poder Ejecutivo Federal “es un lobo con piel de oveja”, advirtió la exfuncionaria federal, hoy activista e integrante de la Coordinadora Nacional Agua Para todos, Agua Para la Vida, Elena Burns Stuck.
La activista hizo esa declaración durante el Parlamento Ciudadano “Por La Legislación Hídrica que México Necesita”, que se efectuó el viernes 7 de noviembre, en el Congreso de Jalisco, en el que académicos, asesores legales y activistas advirtieron “los riesgos” de la reforma ante legisladores locales y federales.
En el foro se mencionó que la iniciativa se planea y podría aprobar el 29 de noviembre próximo.
Durante la jornada, los ponentes denunciaron que la propuesta que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene el modelo privatizador, extractivista y mercantilista del uso del agua en la República mexicana.
Elena Burns, quien ocupó el cargo de subdirectora de Administración de Agua en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la pasada administración federal, hizo un llamado a detener la aprobación de la iniciativa, conformando una alianza entre ciudadanos y legisladores locales y federales conscientes.
“Este vínculo entre comunidad, ciudadanía y legisladores, sentimos que nos puede ayudar a construir el contrapeso que necesitamos para poder defender el derecho al agua, pase lo que pase con la ley, porque esta lucha no termina el 29 de noviembre, es una lucha que sigue”, advirtió.
Elena Burns sostuvo que el actual es un momento crucial en la lucha, ya que en el fondo lo que se busca es perpetuar la “ley salinista”. Calificó el documento que se pretende aprobar de “peligrosísimo” e “intento bárbaro".
Destacó que, gracias al modelo salinista, actualmente los grandes usuarios no pagan sus deudas y solo solventan el 20% de sus recibos, lo que implica una pérdida de 44 mil millones de pesos cada año.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas manifestó que el proyecto que se pretende aprobar en unos días sólo se cambian algunos términos legales y permanece la concentración del agua en 3 mil 300 concesionarios que acaparan el 22% del agua nacional.
Añadió que la Ley General de Aguas “perpetúa” el modelo de uso del agua privatizador, lo que afecta a pueblos y comunidades.
“La propuesta de dos leyes esconde un objetivo político y es no tocar el modelo de gestión del agua que está en el país, basado en la LAN, ese es el objetivo político y creo que es bastante obvio. Es un modelo que nos hizo pasar de una disponibilidad media de 17 mil metros cúbicos de agua por persona al año en 1950, a 3 mil 400 actuales. Hemos perdido más de 70% de la disponibilidad media en menos de 60 años. Ese es el modelo de gestión que está protegido por la LAN”, apuntó.
El Consultor en políticas públicas y legislación del agua, Miguel Ángel Montoya, dijo que se pretende crear la Ley General de Aguas y también dejar vigente con cambios, la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Sin embargo, advirtió que la existencia de dos leyes federales en la misma materia complicará la defensa del derecho humano al agua de pequeños agricultores, comunidades indígenas y ejidatarios, ya que en el objeto de la ley se limita no solo el acceso al agua sino el derecho mismo al agua.
“Llega a ser de un modo tan fino la propuesta en este caso privatizadora, que nos propone la iniciativa, en este caso planteada por el Ejecutivo federal, que inclusive la disposición del artículo 115 queda medianamente atropellado, ¿en qué sentido? Que a los contenidos de la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales le quitan el carácter de público, eso es de la mayor relevancia, de la mayor preocupación y alarma”, apuntó.
Otra agravante que denunció el consultor es que ahora habría opacidad en la información de las concesiones de agua.
La legisladora federal jalisciense de Morena, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Claudia García Hernández señaló que se realizan parlamentos abiertos para recoger propuestas de cambios y añadirlas al planteamiento de la mandataria Claudia Sheinbaum y de la Conagua. Sostuvo que asumía un compromiso para llevar la voz de los asistentes a los legisladores federales y para que la discusión del tema se abra.
“Hemos conseguido que esta discusión se abra de manera más amplia, con la idea de fortalecer esta iniciativa de ley que envió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión y como resultado justo de este esfuerzo se están realizando parlamentos abiertos, parlamentos ciudadanos en algunos estados, como el que hoy tenemos aquí en Jalisco”, comentó.
En el documento del programa del parlamento se subrayó que, en el año 2010, la ONU reconoció los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en la Resolución A/RES/64/292.
Dos años después, en 2012, se logró su reconocimiento en la Constitución Mexicana, específicamente en el Artículo 4to. En dicho artículo, se estableció un plazo de 360 días para la emisión de una nueva Ley General de Aguas.
Trece años después, a pesar de las movilizaciones, los conflictos por el agua y la construcción y presentación al Congreso de la Unión en el año 2020 de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, México no cuenta con una nueva ley.
Esta nueva legislación debería transversalizar los principios y fundamentos de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, concibiendo como un derecho de los pueblos y de la naturaleza, un bien común fundamental para la vida y no como un negocio y una mercancía. Este último enfoque, según se asegura, es el principio de la Ley de Aguas Nacionales vigente.
Durante la realización del ejercicio de parlamento ciudadanos se efectuaron sesiones de cuatro grupos de trabajo para la consulta y dictaminación ciudadana e interparlamentaria del proyecto de reforma:
- Alto al acaparamiento del agua, en el que se abordó la modificación al sistema de concesiones, reducción del sobreconcesionamiento, transmisión de concesiones y cambio de uso
- Alto a la privatización del agua, en el que se dialogó sobre los megaproyectos, prohibición de privatización de obras hidráulicas, sistemas de agua y saneamiento y organismos operadores de agua
- Gestión comunitaria del agua, en el que se discutió sobre el agua para los sistemas comunitarios, núcleos agrarios y pueblos originarios, y se hablaron de las estrategias y cambios normativos frente a la contaminación.
En cada grupo de trabajo también se incluyeron las propuestas de participación y de control social del agua, la gestión de cuencas, la defensa y derechos de las y los defensores del agua y la naturaleza.
En el foro estuvieron presentes la diputada local del partido Futuro, y presidenta de la comisión Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, Mariana Casillas Guerrero; el diputado local, integrante de la Junta de Coordinación Política, Leonardo Almaguer Castañeda; el diputado federal por Jalisco, José Luis Sánchez González.
Las mesas de trabajo estuvieron a cargo de Aimée Figueroa Neri, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UDG); Claudio Figueroa, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Juan Lira Calderón, del Colectivo Resistencia Civil por el Valle y Patronato de Agua de El Refugio, Tala Jalisco; Mario López Ramírez, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
En estos módulos participaron usuarios claves del agua, las conclusiones se enviarán a los diputados federales.
La directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en representación de las organizaciones y redes convocantes, María González Valencia informó que se acordó que los diputados locales Mariana Casillas y Leonardo Almaguer presentarán un Punto de Acuerdo para enviar a la Cámara de Diputados las conclusiones de este parlamento.
En tanto que la diputada federal morenista, Claudia García le indicó que se comprometía a entregar las conclusiones del parlamento a sus compañeros legisladores en la Cámara baja.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
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