Presos políticos en Venezuela son golpeados, padecen restricción de alimentos y son humillados: ONG
EFE.- La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón aseguró este sábado haber recibido denuncias de "castigos, suspensión de visitas y maltratos" contra los presos políticos que se encuentran recluidos en una cárcel del estado Miranda (norte, cercano a Caracas).
A través de una publicación en X, la organización no gubernamental explicó que los familiares de estos detenidos advirtieron sobre "golpes, restricción de alimentos y trato humillante".
"Como defensores de derechos humanos, acompañamos a las familias en su preocupación y hacemos un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la integridad física, la vida y la dignidad de todas las personas privadas de libertad, y para que cesen todas las prácticas que puedan poner en riesgo su seguridad y derechos", apuntó.
Justicia, Encuentro y Perdón exhortó a las autoridades a que se tomen medidas que garanticen "condiciones seguras y humanas en los centros de reclusión".
"Seguiremos atentos a la situación y haciendo un llamado a la transparencia y al respeto de los derechos humanos, recordando que detrás de cada informe hay personas y familias que merecen protección, justicia y apoyo", subrayó.
La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 884 presos políticos, de los cuales 85 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido este sábado, que tiene como fecha de corte del pasado lunes.
En el reporte, publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 767 hombres y 117 mujeres. El listado especifica que 880 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.
Del total, 711 son civiles y 173 militares, indicó Foro Penal, al subrayar que este listado "no incluye, todavía, a todos los arrestados y liberados o que se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)".
La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que la institución electoral —controlada por el chavismo— proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de "fraude" de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
Con información de: LatinUs.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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