Plantean reforma para garantizar destrucción de armas aseguradas o decomisadas
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) propuso adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) garantice la destrucción de armas aseguradas o decomisadas bajo un protocolo público y auditable.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Defensa Nacional, precisa que las armas, objetos y materiales que no sean destinados a remate administrativo o judicial, deberán ser destruidos por la Sedena.
Señala que el protocolo deberá incluir al menos un registro detallado de cada arma y sus características, mecanismos de trazabilidad y custodia desde su aseguramiento hasta la destrucción, supervisión por órganos de control internos y externos, así como la elaboración de informes periódicos con datos estadísticos generales que deberán publicarse en los portales oficiales de transparencia.
Agrega que transcurrido un plazo sin que la persona interesada acredite la licencia correspondiente, las armas, municiones, cargadores y accesorios asegurados se remitirán a la Sedena para su destino final y dicho destino consistirá en la destrucción, de conformidad con el protocolo.
En la exposición de motivos, Ballesteros Mancilla menciona que México enfrenta desde hace décadas una grave problemática vinculada con la proliferación de armas de fuego y explosivos, cuya presencia ha potenciado fenómenos de violencia armada, inseguridad y delitos de alto impacto.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 70 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en el país se realizan con armas de fuego.
Indica que la situación refleja la magnitud del problema y la urgencia de fortalecer mecanismos legales y administrativos que regulan su posesión y uso. En años recientes se documentó la fabricación de armas mediante impresión 3D y otros métodos artesanales, lo que dificulta su control por parte de las autoridades.
Esta realidad demanda un marco normativo actualizado que prohíba expresamente estas prácticas y sancione de manera ejemplar su comisión, subraya.
Explica que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2025 constituye un avance significativo en el fortalecimiento de la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero se acentúa un vacío legal que podría perpetuar riesgos de opacidad en el manejo de armas ilegales, ya que actualmente no existe un mecanismo estandarizado que garantice la trazabilidad de las armas decomisadas desde su incautación hasta su destrucción.
Sostiene que actualmente la destrucción de armas está regulada de manera general a nivel reglamentario y administrativo por la Sedena, pero al no existir en la Ley un mandato que obligue a la Secretaría a realizar la destrucción bajo principios de transparencia, trazabilidad y supervisión ciudadana, se corre el riesgo de que las disposiciones queden sujetas a la discrecionalidad de la autoridad.
Por lo anterior, considera indispensable incorporar lineamientos que garanticen la destrucción de armas que no dependan únicamente de la voluntad administrativa, sino que adquieran fuerza normativa vinculante para fortalecer la rendición de cuentas, prevenir el desvío de armas hacia el mercado ilegal y consolidar una política pública de desarme alineada a los principios constitucionales de seguridad y paz social.
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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp
La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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