Donald Trump enfrenta un momento crucial sobre los explosivos archivos del caso Epstein
Después de oponerse durante mucho tiempo, se espera que Donald Trump promulgue una ley que obliga al gobierno estadounidense a publicar todos los documentos sobre Jeffrey Epstein. Sin embargo, resta saber si el mandatario los difundirá completamente.
El texto aprobado el martes por el Congreso otorga un mes al Departamento de Justicia para divulgar todos los archivos no clasificados que tenga sobre el financista neoyorquino, muerto en prisión en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales.
"Una vez que el presidente firme el texto, debe aplicarlo y ejecutarlo fielmente", instó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien advirtió contra cualquier "maniobra por parte de Donald Trump".
El suicidio de Epstein en su celda ha alimentado innumerables teorías de conspiración, según las cuales el financista, muy relacionado con la élite política, empresarial y del entretenimiento, habría sido asesinado para evitar que salieran a la luz datos embarazosos.
En la campaña electoral de 2024, Trump prometió revelaciones impactantes. Pero ahora insta a sus partidarios a pasar página y dice que todo es una "farsa" de la oposición demócrata.
Estos días reiteró que no tiene "nada que ver con Jeffrey Epstein" y que lo "echó" de Mar-a-Lago, su lujoso club en Florida, porque era "un pervertido enfermo".
Nada que ocultar
Trump y Epstein, figuras del jet-set neoyorquino, fueron cercanos desde finales de los años 1980 hasta que se distanciaron a principios de los 2000. Eso mucho antes del inicio de los procesos judiciales contra el financista, acusado de haber organizado una red de explotación sexual de mujeres menores de edad.
El presidente estadounidense, quien nunca fue acusado por la justicia en este caso, se opuso al proyecto de ley de "transparencia en el caso Epstein", y presionó a los legisladores republicanos que lo apoyaban.
El domingo, cuando se hizo evidente que el texto se aprobaría, Trump dijo que lo apoyaba, aunque subrayó que los documentos del caso no deben ded "desviar la atención" de los "logros sin precedentes" de su gobierno.
La iniciativa fue adoptada el martes con 427 votos a favor y uno en contra en la Cámara Baja, y el Senado utilizó un procedimiento especial para aprobarla sin debate y por unanimidad.
Trump ahora debe promulgar la ley, iniciando así la cuenta regresiva de 30 días.
Los archivos oficiales del caso Epstein incluyen también documentos sobre su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de cárcel, y sobre todas las personas involucradas en los procedimientos judiciales relacionados.
Cortina de humo
La semana pasada, Trump ordenó a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, abrir una investigación sobre la relación entre el financista y algunas personalidades demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton.
El Departamento de Justicia y la policía federal (FBI) habían anunciado en julio que "no habían encontrado pruebas para fundamentar una investigación contra personas hasta ahora no procesadas" en el caso.
Consultada sobre el motivo de las nuevas pesquisas, Bondi dijo el miércoles que estaban justificadas por "nuevas informaciones", sin precisar cuáles.
"Continuaremos proporcionando la máxima transparencia de acuerdo con la ley", aseguró a periodistas.
La nueva ley aprobada por el Congreso autoriza al Departamento de Justicia a retener o censurar los documentos del caso bajo ciertas condiciones, especialmente para preservar la privacidad de las víctimas o debido a "una investigación federal o procesos judiciales en curso".
El legislador republicano Thomas Massie, uno de los autores del proyecto de ley y frecuente crítico de Trump, expresó su temor de que estas investigaciones sean "una cortina de humo" y un "intento de último minuto para evitar la publicación del expediente Epstein".
Sin embargo, destacó el miércoles en X que, según los términos de la legislación, las autoridades solo podrían refugiarse detrás de la excusa de una investigación de manera "temporal" y limitada.
Con información de: El economista.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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