Fracaso de Trump: juez desestima cargos penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal Letitia James
Un juez estadounidense desestimó este lunes cargos penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, porque la fiscal federal electa por el presidente Donald Trump para llevar adelante los casos fue designada ilegalmente, en lo que supone un duro golpe a los esfuerzos para perseguir a quienes Trump considera enemigos.
El fallo desestima dos casos que Trump había solicitado públicamente al presionar a los líderes del Departamento de Justicia para que tomaran medidas contra figuras de alto perfil que lo habían criticado y habían liderado investigaciones sobre su conducta.
Lindsey Halligan, antigua abogada personal de Trump, fue nombrada fiscal federal interina del Distrito Este de Virginia en septiembre para hacerse cargo de ambas investigaciones, a pesar de no tener experiencia previa en la persecución penal.
Comey y James, que enfrentan cargos separados, se unieron para impugnar la designación de la fiscal interina del Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, alegando que no ocupaba el cargo de manera legal cuando levantó la acusación contra estos dos oponentes políticos de Trump.
La decisión no es una absolución ni un cierre definitivo, la fiscalía de Estados Unidos podrá volver a presentar cargos en un futuro una vez corregidos los errores que motivaron la desestimación.
Las defensas de Comey y James habían denunciado la "inusual" manera en la que Halligan, de 36 años y sin experiencia previa como fiscal, presentó personalmente las acusaciones en documentos que solamente llevan su firma, después de que varios de sus subordinados se negaran a hacerlo.
Halligan fue nombrada por Trump como fiscal federal interina de Virginia el 22 de septiembre, luego de que su antecesor, Erik Siebert, renunciara por aparente presión del presidente tras cuestionar la solidez de las evidencias para seguir adelante con los casos contra Comey y James.
Con información de Reuters y EFE
Con información de: LatinUs.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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