Argüelles propone castigar la cohabitación forzada y exige acciones contra el matrimonio y embarazo infantil

Más de mil niñas son víctimas de presunta violación equiparada en Chihuahua_

Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas y adolescentes, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una iniciativa de Decreto para incorporar el delito de cohabitación forzada al Código Penal del Estado, así como un Punto de Acuerdo para exhortar a diversas dependencias a implementar acciones urgentes ante el matrimonio infantil, el embarazo adolescente y los casos de violación equiparada.

“Proteger a nuestras infancias no es opcional, es una obligación del Estado. Prácticas como las uniones tempranas, las uniones de hecho y la cohabitación forzada continúan vulnerando gravemente los derechos de niñas y adolescentes en Chihuahua”, subrayó la legisladora.

La iniciativa busca homologar la legislación de Chihuahua con el Código Penal Federal, que desde 2023 reconoce la cohabitación forzada como un delito y establece penas de prisión para quienes obliguen, coaccionen o gestionen la unión informal de una persona menor de edad con un adulto. Argüelles Díaz destacó que mantener esta figura únicamente a nivel federal deja espacio para la impunidad, por lo que urgió a armonizar el marco jurídico estatal.

La propuesta contempla penas de 8 a 15 años de prisión y hasta 2,500 días multa, con incrementos en la sanción cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

Durante su exposición de motivos, la diputada subrayó que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en las 32 entidades federativas, persisten uniones informales en las que niñas y adolescentes son obligadas a convivir como pareja con hombres adultos. Estas uniones —no registradas por el Estado ni por instituciones religiosas— dificultan su detección, generan relaciones profundamente asimétricas y exponen a las menores a violencia sexual, reproductiva y psicológica.

“No solo hablamos de matrimonios ilegales; hablamos de niñas obligadas a vivir como esposas sin que su existencia sea reconocida, y por ello están aún más expuestas a la violencia”, señaló.

De acuerdo con el reporte anual de nacimientos 2024 de la Secretaría de Salud, en Chihuahua 3,114 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años dieron a luz. En 1,873 de esos casos el padre era mayor de edad —entre los 18 y los 58 años—, y 1,228 de las madres tenían menos de 14 años al momento del nacimiento, lo que representa más de mil casos de presunta violación equiparada, conforme al artículo 172 del Código Penal estatal.

Argüelles Díaz enfatizó que el embarazo temprano implica riesgos graves para la salud, como eclampsia, infecciones, partos prematuros y afectaciones neonatales severas. Por ello exhortó a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas a implementar campañas y acciones integrales de prevención sobre matrimonio infantil, uniones tempranas, embarazo adolescente, violación equiparada y los riesgos físicos, psicológicos y sociales que enfrentan las menores.

“Según el Secretariado General de la ONU, al ritmo global actual tomaría 300 años erradicar el matrimonio infantil. Chihuahua no puede ser parte de esa estadística. Proteger a nuestras niñas es una obligación moral, legislativa y humana”, puntualizó.