Se entenderá por bullying toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital en las escuelas

La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa que adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies a la Ley General de Educación, para atender el bullying como responsabilidad compartida.
 
Establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia, el cuidado y respeto a la integridad personal. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
 
Señala que se entenderá por bullying toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada por un estudiante hacia otro, con el fin de intimidar, excluir o dañar.
 
Asimismo, se propone que los padres o tutores tendrán por obligaciones participar en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar, colaborar con las autoridades educativas en la corrección de conductas de sus hijas e hijos y garantizar que reciban atención psicológica cuando así lo determine la autoridad escolar.
 
La diputada González González explica que cuando un estudiante incurra en conductas de bullying, se propone que se apliquen a sus padres o tutores las siguientes medidas: como primera reincidencia, amonestación y obligación de asistir a cursos de parentalidad positiva; segunda, una multa económica proporcional al ingreso familiar, determinada por la autoridad competente; tercera, canalización obligatoria a las instancias de procuración de justicia para evaluar medidas de protección y responsabilidad parental.
 
Enfatiza que las sanciones deberán ser proporcionales, garantizando siempre el interés superior de la niñez y evitando criminalizar a los menores.
 
La propuesta, enviada a la Comisión de Educación para su dictamen, además establece que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, establecerá los lineamientos para la aplicación de este capítulo.
 
En su exposición de motivos, detalla que el acoso escolar, conocido comúnmente como bullying, se ha consolidado como una de las principales causas de deserción en el ámbito de la educación básica, generando no sólo un impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes, sino también consecuencias psicológicas severas y un aumento en la violencia juvenil.
 
Enuncia que las manifestaciones del bullying pueden ser diversas, incluyendo agresiones físicas, verbales, psicológicas y digitales, como el ciberacoso. Estas acciones se caracterizan por su repetición y por un evidente desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de quienes las sufren.
 
La legisladora expone que a pesar de que la Ley General de Educación y la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen el derecho de los menores a vivir sin violencia, no especifican claramente la responsabilidad parental en relación con el bullying.
 
Una regulación en el ámbito de la educación básica es una necesidad apremiante, ya que su implementación ayudaría a cerrar los vacíos legales, así como prevenir daños irreparables en la salud emocional y el desarrollo integral de las niñas y niños, quienes son los más vulnerables en estas circunstancias, considera.
 
La diputada González González manifiesta que, al establecer un marco regulatorio adecuado, se puede garantizar un entorno educativo más seguro y propicio para el crecimiento de los menores. También, que docentes y estudiantes cuenten con herramientas para identificar y enfrentar el acoso.