Ideas, poder y responsabilidad pública

En días recientes, un regidor del Ayuntamiento de Chihuahua expresó públicamente su simpatía por el comunismo, presumiendo una chaqueta con una oz y un martillo. La interpretación no es menor ni pasa desapercibido: si un funcionario opina, no lo hace únicamente como ciudadano, sino como representante de un Estado constitucional que se define por la democracia, las libertades y el respeto a los derechos humanos. Por eso vale la pena detenernos, no para descalificar personas, sino en virtud para discutir con seriedad qué ideas son compatibles con el ejercicio del poder público en México, y, sobre todo y más particularmente, en Chihuahua capital. 

El comunismo no es sólo una teoría económica ni una postura académica aislada. Históricamente, ha sido un modelo político que, allí donde se ha implantado como sistema de gobierno, ha concentrado el poder, debilitado la división de poderes, eliminado elecciones libres y restringido libertades fundamentales como la expresión y la prensa. Estos no son juicios ideológicos, sino hechos ampliamente documentados. Voy a hablar solo de un tema en específico; el comunismo es un régimen que silencia a los opositores, y para muestra un botón; en donde hay comunismo, olvídate de libertad de expresión, de periodismo libre sin represalias y de cuestionamientos públicos sin amenazas gubernamentales. No es una prueba directa, ni mucho menos se califica como un acto comunista, pero si como una represión autoritaria; analice usted el caso del periodista veracruzano, acusado de terrorismo y vinculado a proceso por ser opositor y por manifestarse en contra del régimen de su Estado. ¿Cómo se logró encuadrar el delito de “terrorismo” en un periodista, pero no en un coche bomba que explotó en Michoacán?

Esta discusión, entonces, no gira en torno al derecho de cualquier persona a tener ideas (todos tenemos el derecho de opinar), sino a la congruencia institucional, a la responsabilidad de su palabra. Un regidor no ejerce un cargo simbólico: participa en decisiones públicas, representa a la ciudadanía y jura cumplir y hacer cumplir una Constitución que protege, precisamente, aquello que los regímenes comunistas han negado en la práctica, y violentan cada que pueden. Dudo mucho que, inclusive simpatizantes de su partido, estén de acuerdo con sus posicionamientos ideológicos, o que de verdad quieran que aparezca el comunismo en México. 

A ver, hagamos un ejercicio: ¿puede un representante del poder municipal defender la Constitución mexicana mientras normaliza o celebra ideologías que históricamente han sido incompatibles con la democracia liberal y el respeto a los derechos humanos? Y con esto no se busca censurar, sino exigir claridad y responsabilidad; ¿Maduro (Venezuela) o Daniel Ortega (Nicaragua)? Estos actores representan figuras históricas y contemporáneas cuyos gobiernos terminaron en autoritarismo y persecución.

Hace unos años leía una biografía de Marx, escrita por E. Fromm, en donde encontré algunas cosas interesantes de Engels y Hegel, pero también otras con las cuales discerní. Se habla desde el debate.

Le platico un poco el caso de Daniel Ortega, en Nicaragua, un poco más contemporáneo y actual. Bajo el régimen de Daniel Ortega (quién se asume abiertamente como heredero del socialismo), al menos 261 religiosos han sido desterrados del país en los últimos años, según organizaciones de derechos humanos. Obispos, sacerdotes, religiosas y seminaristas han sido expulsados, encarcelados o forzados al exilio por ejercer una voz crítica frente al poder.

No se trata de un conflicto teológico ni de una disputa interna de la Iglesia. Se trata de un Estado que persigue, silencia y expulsa a quienes no se alinean con el discurso oficial, que son intolerantes ante el estado laico y que no permiten una diversidad de religiones en su estado. El patrón es conocido: control del discurso público, criminalización de la disidencia y uso del aparato estatal para imponer una visión única. La libertad religiosa, como la libertad de expresión, resulta incómoda para los regímenes que no toleran límites. México, un país donde existen cerca de los cien millones de católicos, ¿ve usted un comunista gobernando su ciudad?, ¿qué le digan que ir a rezar (ojo, rezarle a quien sea, a lo que sea) está mal?

Estos hechos no pertenecen al pasado ni a libros de historia. Están ocurriendo hoy, en América Latina, bajo gobiernos que se presentan como “alternativas” al modelo democrático liberal. Por eso resulta indispensable que quienes ocupan cargos públicos comprendan el peso de las ideas que normalizan o celebran. No todas las ideologías son inocuas cuando se trasladan del papel al poder.

En tiempos donde el debate público suele reducirse a consignas o provocaciones, es indispensable elevar la discusión. No todas las ideas tienen el mismo peso cuando se expresan desde el poder. Quien gobierna (aunque sea en el ámbito local, aunque sea en un ayuntamiento) debe hacerse cargo de la historia, de las consecuencias y del significado político de aquello que respalda. Se debe de entender el peso de las ideas; el electorado, difícilmente, aplaudirá alguna afiliación comunista. 

Las ideas radicales existen, ahí están (cualquier extremo tanto de izquierda como de derecha), y no es ningún problema; el verdadero problema es cuando desde las instituciones se trivializa su impacto, se ignora su legado autoritario y se pierde de vista que la democracia no es un discurso cómodo, sino una responsabilidad permanente. Estas ideas no son inocentes si se expresan desde el poder, pues quien gobierna, aunque sea desde un cabildo, debe entender que la democracia no es ninguna consigna ni un accesorio de ideologías, si no una responsabilidad histórica. Colocar en la foto modelos que han cancelado libertades no es rebeldía ni tampoco provocación; es una señal de alarma que merece, al menos, una discusión seria.