Sheinbaum rechaza acusaciones de persecución política de Salinas Pliego; caso del empresario es “un requerimiento del SAT”, dice
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su gobierno esté ejerciendo una persecución política a Ricardo Salinas Pliego, tras la denuncia presentada por el empresario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La mandataria subrayó que el cobro de los 51 mil millones de pesos pendientes no es un acto arbitrario, sino el cumplimiento de un requerimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ya fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sheinbaum explicó que el máximo tribunal determinó que los amparos interpuestos por las empresas del Grupo Salinas no son válidos. En este sentido, la resolución que prevalece es la obligación de cumplir con el pago de las contribuciones omitidas.
“No hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido”, puntualizó durante la conferencia matutina de este viernes en el Estado de México.
Respecto al estado actual del cobro, Sheinbaum informó que ya se realizó la notificación oficial a las empresas involucradas.
Aclaró que, aunque existen tiempos legales que deben seguirse, no se trata de un “ultimátum”, sino del procedimiento estándar que otorga un margen para que los contribuyentes se acerquen a la autoridad fiscal.
Asimismo, destacó que, según lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación, existen mecanismos legales que permiten facilitar la liquidación del adeudo.
“Tienen ellos que acercarse al SAT y ahí, pues establecer su pago. Incluso pueden pagar en no en una exhibición, sino en varias. Eso es la ley”, dijo.
Salinas Pliego llega a la CIDH y acusa al Estado mexicano de persecución política
El pasado martes, el empresario Ricardo Salinas Pliego acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde expuso ante la CIDH, lo que considera una persecución política por parte del Estado mexicano.
El presidente de Grupo Salinas informó que sostuvo una reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a quien le entregó un expediente en el que sustenta el “acoso sistemático” por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Grupo Salinas y yo estamos viviendo un acoso sistemático por parte del gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”, sostuvo.
Desde el pasado 13 de noviembre, cuando la Corte resolvió desechar nueve amparos del equipo legal de Salinas Pliego, el grupo empresarial advirtió que acudiría a otras vías legales, incluso en el ámbito internacional para exigir la “eliminación de cobros dobles inconstitucionales”, “multas desproporcionadas” y para exhibir “ante los ojos del mundo todas las pruebas de persecución política sistemática” contra el empresario Ricardo Salinas Pliego.
Sigue leyendo: “No lo descartamos”, PAN abre la puerta a Salinas Pliego como candidato presidencial para 2030
“En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos”, señaló en un comunicado.
Con información de Animal Político.
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Habrá que ver si este nuevo encargo le permite a Geo Bujanda recomponer su trayectoria o si, por el contrario, confirma que en política no basta con ser rescatado: también hay que saber nadar porque en Chihuahua, como bien se sabe, los rescates políticos siempre tienen factura…y alguien termina pagándola…
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Otro ejemplo vivo es el de la senadora Andrea Chávez quien en su adelantada carrera por Chihuahua, se estima una inversión de al menos 4 millones de pesos únicamente en pauta digital. A esto se suman giras constantes por el estado, las caravanas médicas, la entrega de electrodomésticos, materiales de construcción, entre otros.
Aunque la ley prohíbe explícitamente estos actos anticipados y el uso de recursos de dudosa procedencia, ni Morena, ni las autoridades electorales han intervenido.
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