Buscan legisladores fortalecer autonomía sindical y sancionar injerencismo y corrupción
El diputado Oscar Avitia Arellanes y la diputada Edith Palma Ontiveros propusieron una reforma al Código Administrativo Estatal con el fin de proteger a los sindicatos contra todo acto de injerencia de personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones internas, las condiciones de elegibilidad y la destitución de las directivas, además de establecer sanciones en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Avitia Arellanes resaltó que dicha propuesta legislativa pretende armonizar el código Administrativo del Estado de Chihuahua, con base en la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el 15/02/2025 en el DOF, de acuerdo con la iniciativa presentada por el Senador de la República Alfonso Cepeda Salas.
“Desde el inicio de la Cuarta Transformación se han fortalecido y salvaguardado todos los derechos de las y los mexicanos, en específico, en materia laboral, por lo que debemos pugnar por continuar por la misma ruta”, indicó el legislador y añadió que a pesar de los avances alcanzados en la materia, deben realizarse adecuaciones legales, particularmente para salvaguardar los derechos de las trabajadoras y trabajadores que abonen a la transparencia y lucha contra la corrupción.
También detalló que las adecuaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas deben preservar como objeto, prevenir y sancionar cualquier injerencia perniciosa que atente contra la libertad y la autonomía sindical y los derechos de los sindicatos, a efecto de contribuir al combate de la corrupción y defender los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado.
“Se debe perfeccionar el marco jurídico en beneficio de la clase trabajadora y del fortalecimiento de la autonomía del sindicalismo mexicano, con el objetivo de incorporar herramientas a la ley que pongan un freno contundente a la corrupción y destierren para siempre los vicios del pasado.” advirtió el juarense.
Por último, Avitia aseguró que la autonomía sindical es garantía de libertad, justicia y dignidad para las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado: “en la medida en que los sindicatos sean libres, se fortalecen los derechos laborales, se consolida el servicio público y se asegura que las dirigencias emanen de la voluntad de las bases y no del control político.”, concluyó.
Tips al momento
FGE, el salvavidas de Geo Bujanda
Esta tarde trascendió un movimiento que, aunque discreto en la forma, dice mucho del fondo: el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, habría “rescatado” políticamente a la exdiputada local Geo Bujanda, quien desde hace meses se encontraba fuera del radar público tras su fallido intento por presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos…
Y es que vale la pena recordar que apenas el año pasado Bujanda se veía ya despachando como ombudsman chihuahuense, sin embargo, la realidad política fue otra, pues en dos rondas de votación, los doce diputados de Morena optaron por anular su voto, bloqueando de manera efectiva su llegada a la CEDH…
Desde entonces, la exlegisladora desapareció del reflector, no hubo posicionamientos, ni intentos de revancha pública, ni nuevos proyectos visibles solo se le veía en eventos políticos sentada entre la multitud y no entre los destacados, su nombre quedó asociado a un proceso que terminó en un rotundo fracaso político, del cual no todos logran levantarse y es ahí cuando se necesita de una mano amiga dispuesta…
Habrá que ver si este nuevo encargo le permite a Geo Bujanda recomponer su trayectoria o si, por el contrario, confirma que en política no basta con ser rescatado: también hay que saber nadar porque en Chihuahua, como bien se sabe, los rescates políticos siempre tienen factura…y alguien termina pagándola…
El “grupo Tabasco” en la mira por promociones anticipadas
En 2024, Ricardo Monreal denunció que sus compañeros en la interna presidencial de Morena rebasaron por mucho los topes de gastos.
Se permitían 5 millones de pesos por aspirante, tan solo a Adán Augusto López, el INE le contabilizó 1,350 anuncios callejeros con un valor estimado de 15.5 millones de pesos.
Otro ejemplo vivo es el de la senadora Andrea Chávez quien en su adelantada carrera por Chihuahua, se estima una inversión de al menos 4 millones de pesos únicamente en pauta digital. A esto se suman giras constantes por el estado, las caravanas médicas, la entrega de electrodomésticos, materiales de construcción, entre otros.
Aunque la ley prohíbe explícitamente estos actos anticipados y el uso de recursos de dudosa procedencia, ni Morena, ni las autoridades electorales han intervenido.
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