
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de organizaciones y colectivos contra los desalojos y la gentrificación bloquearon desde las 8:00 horas de este lunes los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que se posponga la discusión del proyecto elaborado por la ministra, María Estela Ríos González, sobre desalojos de vivienda en la Ciudad de México.
Los manifestantes cerraron los accesos ubicados en las calles Erasmo Castellanos y Corregidora, lo que impidió durante la mañana el ingreso del personal del máximo tribunal.
De acuerdo con reportes periodísticos, las puertas de la SCJN permanecieron cerradas y los trabajadores que llegaron después de las 8:00 horas se quedaron fuera del recinto, en espera de indicaciones.
Las personas concentradas buscaron ser recibidas por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, y por la ministra María Estela Ríos González, autora del proyecto que iba a ser discutido este 19 de enero y fue aplazado indefinidamente, debido a que la funcionaria decidió retirar la propuesta, sin dar explicaciones.
Cerca de las 9:40 horas, trabajadores de la SCJN comenzaron a ingresar por la puerta de Erasmo Castellanos, luego de que los manifestantes permitieron el acceso tras el compromiso de que habría una audiencia con ambos ministros para analizar el proyecto.
Los colectivos expresaron su rechazo al contenido del proyecto al considerar que, de aprobarse, afectaría los derechos humanos de las personas que enfrentan desalojos de vivienda, un fenómeno que, de acuerdo con los propios manifestantes, ha ido en aumento en la Ciudad de México.
El descontento por la iniciativa no es reciente. Desde el 16 de enero, organizaciones sociales y vecinales hicieron público un pronunciamiento en el que solicitaron a la Suprema Corte retirar el proyecto y abrir el debate a través de una audiencia pública.
En ese documento señalaron que el máximo tribunal tiene en sus manos la posibilidad de garantizar derechos a personas desalojadas, pero advirtieron que el proyecto de sentencia los desconoce.
El proyecto corresponde a la acción de inconstitucionalidad 73/2019, presentada tras la reforma aprobada en 2019 al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.
Dicho artículo, en su redacción original, establecía garantías mínimas para las personas sujetas a un desalojo, como el aviso previo, la limitación del uso de la fuerza y, en el caso de personas en situación de vulnerabilidad, opciones de reubicación para evitar que quedaran en la calle. Esas disposiciones fueron eliminadas con la reforma.
En el pronunciamiento difundido el 16 de enero, los colectivos señalaron que la modificación al artículo 60 ha derivado en desalojos legales pero violatorios de derechos humanos, además de impedir la construcción de una política pública basada en datos oficiales sobre la magnitud y las causas de estos casos en la capital.
Las organizaciones que promueven la protesta de este lunes incluyen al Frente por la Vivienda Joven (FVJ), la Asamblea Ecologista Popular, el Observatorio Vecinal Escandón, el Frente Antigentrificación CDMX, el colectivo Desalojados de República de Cuba 11, Centro Histórico, La Obrera para lxs obrers, la Clínica Jurídica “María Luisa Marín”, Habitat International Coalition América Latina (HIC-AL), así como asambleas vecinales de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán
Con información de: Proceso.